![El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una ceremonia de ascenso de policías a cabos en San Salvador. [Foto: Archivo].](https://gdb.voanews.com/b8f6d0b5-2e3f-4cc8-99d6-b482b1c7cd23_w250_r1_s.jpg)
Después de dar a conocer que buscará hacer reformas a la Constitución de la República, el gobierno del presidente Nayib Bukele anunció el lunes que buscará que los salvadoreños radicados en el exterior puedan enviar sus propuestas y participar de estas reformas.
Un comunicado de prensa emitido por la presidencia explica que a partir del 15 de noviembre los salvadoreños en cualquier parte del mundo podrán enviar sus propuestas. De acuerdo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa el plazo para tener dichas propuestas es hasta el próximo 28 de febrero de 2021.
El documento también detalla que ya cuentan con un equipo ad hoc de expertos en materia constitucional para que se encarguen de considerar qué parte de "la Carta Magna debe ser actualizada" y que estos cambios vayan acorde a la nueva realidad.
Algunos sectores de la población e instituciones que velan por la democracia han mostrado preocupación por este tema.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, citado por medios locales como El Metropolitano Digital, dijo que cree que lo que el gobierno de Bukele busca es "debilitar los controles", así como limitar "la participación de los órganos del Estado en la toma de decisiones".
Escalona también mencionó que posiblemente el mandatario busca hacer modificaciones para buscar "la reelección inmediata e indefinida", debido a que actualmente la Carta Magna no lo permite.
Por su parte la administración Bukele ha dicho que "las reformas, no van orientadas a cambiar el sistema ni la forma de gobierno, menos para establecer una reelección presidencial, sino para adecuarlo a la realidad nacional y reivindicar sectores que históricamente estuvieron invisibilizados".
El gobierno expuso además en el comunicado que "la discusión de estas reformas constitucionales estará sometida al escrutinio público, y habrá pleno acceso de los medios de comunicación a las discusiones del equipo ad hoc. El gobierno no está buscando apresurarse en este importante ejercicio jurídico y de reflexión de la Carta Magna, sino que espera empaparse de los mejores insumos para presentar un documento de calidad y pensado en el bienestar de las grandes mayorías".
