Más de 200 empresarios nicaragüenses están siendo acusados penalmente por el delito de Defraudación Tributaria por parte de la Alcaldía de Managua, la capital de Nicaragua, para obligarlos a pagar exorbitantes cantidades de dinero por concepto de impuestos municipales.
Los involucrados han denunciado las acusaciones y las catalogan como un acto de "terrorismo fiscal", lo cual, aseguran, es un estrategia de la municipalidad para hacer frente al conocido déficit en el Presupuesto General que enfrenta el gobierno de Nicaragua.
Una de las afectadas que ha decidido denunciar la situación es Victoria Cárdenas Lacayo, empresaria y esposa del director de la organización Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro.
“La alcaldía de Managua está procediendo ilegalmente contra el sector privado, pequeñas medianas y grandes empresas, están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente interponen a los contribuyentes", dijo Cárdenas a la Voz de América.
"Hacemos la denuncia pública porque tenemos la verdad de nuestro lado ̈, agregó la empresaria, quien asegura que se trata de una estrategia para despojarla de sus bienes.
Cárdenas y su familia son propietarios de una inmobiliaria y un restaurante, a los que la Alcaldía de Managua auditó en diciembre del año pasado. La empresaria presentó su solvencia municipal de los últimos tres años, pero la dirección de recaudación de la oficina municipal dictaminó que la urbanizadora había ganado entre 2017 y 2019, la cantidad de 325 millones de córdobas (unos 9.4 millones de dólares), por lo que sentenció que existe una deuda millonaria en impuestos municipales.
Al mismo tiempo que avanzan las demandas penales de la municipalidad contra empresarios privados, el periodista Miguel Mora denunció que la Dirección General de Ingresos (DGI), le está cobrando 8 millones de Córdobas, más de 200 mil dólares, por concepto de impuestos por el canal 100% Noticias, el que le fue confiscado y clausurado en diciembre de 2018.
Según Mora, el reparo ilegal por 8 millones de córdobas corresponden al periodo en que el medio de comunicación fue confiscado.
“El colmo de los colmos es que la DGI y el INSS están cobrándole a la empresa confiscada 8 millones de córdobas, nos están cobrando después que nos robaron toda la empresa, que nos robaron el dinero que había en los bancos y el flujo de caja, que nos robaron los activos, que nos cerraron la empresa porque mandaron a cerrar legalmente la razón social por la cual 100% Noticias estaba el aire y operaba como una empresa en el registro público de la propiedad, fue cerrada por orden de la dictadura, pero no se cerró la DGI” denunció Mora.
Añadió que, "Según el FUNIDES (La Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social) la dictadura va a cerrar este año con un déficit presupuestario de 100 millones de dólares. La estrategia de la dictadura es agarrar a unos 300 empresarios, catalogados de azul y blanco y hacerles reparos millonarios. Es una extorsión gangsteril", reclamó el periodista.
Ante las denuncias más recientes, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) fue una de las primeras en demandar el “cese a la intimidación hacia opositores y sector privado”, en un comunicado publicado el tres de septiembre.
“El actuar intimidatorio y arbitrario de las autoridades en contra de empresarios del sector privado y activistas opositores representan un conjunto de agresiones deliberadas que buscan agredir, callar la opinión y descontento popular, violando el derecho de todo ser humano a la libertad de expresión y de pensamiento”, argumentó.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social también condenó las “arbitrariedades de las que han sido objeto empresarios, contribuyentes y personas naturales, con cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de la ley y normas en Nicaragua”.
Según especialistas, el terrorismo fiscal ocurre cuando la autoridad tributaria busca cobrar los impuestos por medios coercitivos y de hostigamiento al contribuyente, implementando mecanismos excesivos para su cobranza.
Sin embargo, las acusaciones realizadas por la Alcaldía Municipal y la Dirección General de Ingresos están basadas en documentación legal, que según sus funcionarios, respaldan todos los reparos y cobros hechos a los empresarios, además de que algunos de ellos han recibido la oferta de mediar las condiciones de sus deudas a través de procesos civiles.
Por otro lado, el gobierno de Daniel Ortega anunció que no se cobrará IVA al sector turismo del país durante los días patrios.
“Esa semana, también a solicitud de los representantes del sector de la industria turística, nos hemos sumado al esfuerzo desde el Ministerio de Hacienda logrando la exoneración del IVA durante los días patrios para que las ofertas del sector turístico tengan más atractivo para las familias que nos recreamos, que paseamos, que trabajamos en todo el país”, enfatizó la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Pero esto, es una medida que el economista Luis Núñez califica como populista y que sostiene no frena la voracidad recaudatoria con la que el gobierno está "terminando de hundir la economía del país".
