La Audiencia Nacional de España condenó el viernes a 133 años de prisión al coronel retirado del ejército salvadoreño, Inocente Orlando Montaño, por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles en 1989 durante la guerra civil en el país centroamericano, una noticia calificada por la directora para las Américas de Amnistía Internacional como "una victoria para las víctimas".
Inocente Orlando Montaño Morales, que ahora tiene 77 años, también fue declarado responsable de las muertes de la ama de llaves de la casa en la que vivían los sacerdotes, de su hija de 15 años y de un sacerdote local. Sin embargo, la Audiencia no pudo condenarlo por estos crímenes porque su extradición a España no cubría estos casos.
Durante el juicio, Orlando Montaño negó haber planeado o participado en la masacre de 1989 que acabó con la vida de ocho personas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o UCA.
Montaño, quien en el momento de los asesinatos era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, podrá apelar la decisión de la Audiencia Nacional de España, que juzgó al exmilitar extraditado por Estados Unidos.
La matanza de los jesuitas es uno de los actos más recordados de la guerra civil del país centroamericano, que duró una década durante la que unas 75.000 personas perdieron la vida y 8.000 desaparecieron.
"La justicia prevaleció finalmente en #ElSalvador (...) Una victoria para las miles de víctimas de atrocidades cometidas durante el conflicto armado", dijo en su cuenta de Twitter Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El tribunal español dijo que Montaño Morales era culpable de un "asesinato de carácter terrorista", destacando que los crímenes fueron cometidos por el aparato del Estado, "lo que comúnmente viene a denominarse como 'terrorismo desde el Estado', que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder".
La sala de lo penal de la Audiencia presidida por el magistrado José Antonio Mora, recordó que el límite de la pena de prisión es de 30 años.
Montaño Morales lleva en custodia desde el 2011, cuando fue arrestado en Estados Unidos por cargos de fraude migratorio. Fue deportado a España en 2017.
El gobierno español había acusado a 20 exoficiales de El Salvador del asesinato de los sacerdotes, el ama de llaves y su hija. Uno de los sacerdotes, el padre Ignacio Ellacuría, era un destacado crítico del Gobierno de derechas salvadoreño, que entonces estaba apoyado por Estados Unidos.
Ellacuría también era entonces un representante señalado de la denominada "teología de la liberación", una corriente cristiana nacida en América Latina y caracterizada por un férreo compromiso con los pobres.
La masacre tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados del Batallón Atlácatl, entrenado por EE. UU., irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana donde Ellacuría era rector.
Ellacuría había abogado por un acuerdo negociado para la guerra de la junta militar contra el grupo izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La repulsa internacional por los asesinatos de los sacerdotes ayudó posteriormente a impulsar esa solución y la guerra terminó en 1992.
"Esta sentencia (...) representa la justicia que tanto esperamos los salvadoreños y que ahora estamos viendo como una realidad", dijo a la prensa el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien agregó que aún "hay otros actores que todavía deben ser juzgados".
Castro mencionó al actual diputado Rodolfo Parker, señalado por la Comisión de la Verdad de alterar declaraciones para ocultar responsabilidades de altos oficiales en el asesinato de los jesuitas.
Por su parte, Carlos Martín Baró, hermano de Ignacio Ellacuría, señaló que la sentencia le trajo “paz” y una “perspectiva esperanzadora” sobre el valor de la justicia. Activistas de derechos humanos en El Salvador acogieron el fallo con esperanza de que suscite un proceso judicial en su país.
La Audiencia Nacional de España aplicó el principio de “justicia universal” para juzgar los delitos contra los ciudadanos españoles tras considerar que el proceso en El Salvador no había sido ni independiente ni imparcial. El tribunal estadounidense que concedió la extradición de Montaño, en 2017, limitó que España lo pudiese juzgar por los asesinatos de los tres ciudadanos salvadoreños.
(Con información de Reuters y AP)
