Amnistía Internacional exigió este martes al Estado hondureño una investigación “exhaustiva e imparcial” por la muerte de la enfermera Keyla Martínez, luego de que las autoridades la trasladaran a instalaciones de la Policía Nacional de Honduras en el poblado de la Esperanza, el pasado 6 de febrero, donde horas después bajo su custodia perdió la vida en circunstancias que no están claras.
La muerte de la mujer desató el martes una serie de protestas en el país centroamericano denunciando el hecho y pidiendo justicia.
Según los datos revelados por la Policía Nacional, la noche del 6 de febrero agentes policiales detuvieron a Martínez por incumplimiento del toque de queda impuesto para evitar la propagación del COVID-19 y la trasladaron a las instalaciones a una unidad departamental. Sin embargo, horas más tarde fue llevada a un hospital, al cual, de acuerdo con el personal médico que la atendió, llegó muerta.
Ante el hecho, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, demandó al Ministerio Público hondureño realice “una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la muerte de Keyla, con perspectiva de género y siguiendo los lineamientos de estándares internacionales como el protocolo de Minnesota, ya que podría tratarse de una ejecución extrajudicial a manos de funcionarios públicos”.
La policía se ha desligado de toda responsabilidad alegando que Martínez se suicidó. Versión que, para el organismo humanitario y defensores de derechos humanos, no es creíble.
Hay "indicios racionales de que la enfermera Keyla Martínez, de 26 años, fue asesinada por policías", dijo a la agencia de noticias AFP Olivia Zúñiga, diputada del izquierdista Libertad y Refundación.
Guevara Rosas pidió además al ministerio y al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, que “garantice que las personas que se manifiestan pacíficamente [frente a las instalaciones policiales] exigiendo justicia para Keyla lo puedan hacer libremente y sin miedo a sufrir represalias”.
Según Amnistía Internacional ante toda muerte bajo custodia policial el responsable, por tener la potestad de las pesquisas y deber “demostrar de forma convincente que la muerte no fue una violación de derechos humanos”, es el Estado.
