El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli enfrenta desde el miércoles un nuevo juicio por espionaje político contra opositores y periodistas. En este proceso el Ministerio Público (MP) pide la pena máxima de 8 años de prisión para el exmandatario.
Martinelli, quien ya había sido declarado no culpable por el mismo caso hace dos años, tuvo que volver ante la justicia luego que el MP, en una audiencia de apelación, sostuvo que existían suficientes elementos probatorios para ir a un nuevo juicio.
Al expresidente, de 69 años y quien gobernó Panamá entre 2009-2014, se le procesó inicialmente por haber gastado millones de dólares para la compra a Israel de equipos sofisticados con los que habría interceptado las comunicaciones de opositores políticos y civiles, según los fiscales.
El nuevo juicio es por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.
De acuerdo con el exmandatario el “juicio político” que se le sigue ya ha prescrito, “sin embargo quieren políticamente hacer una mofa de esto".
El nuevo juicio contra Martinelli debió iniciarse hace un mes, explicó el fiscal del caso, Ricaurte González, pero se ha venido posponiendo debido a problemas de salud del expresidente, entre ellos una cirugía de columna.
“Estoy claro, estoy convencido, que vamos a obtener un resultado de culpabilidad…Vamos a traer los elementos documentales, testimoniales ante las juezas y tendrán que declarar la culpabilidad”, declaró González, en un video que se puede observar en la cuenta de Twitter del MP.
Según el fiscal, el Ministerio busca pedir “la pena máxima" para cada delito, que son cuatro años cada uno.
Mientras Martinelli se enfrenta al proceso, simultáneamente se prepara para buscar nuevamente la presidencia de Panamá en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2024, bajo la bandera de su nuevo partido político Realizando Metas (RM).
Además, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares están detenidos en Guatemala desde hace más de un año, siguiendo un proceso de extradición a Estados Unidos, donde se les ha señalado por presuntamente haber participado en el delito de “lavado de dinero” en el caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
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