Nicaragüenses varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, esperan una resolución de su situación que hasta ahora es incierta. Son numerosos los casos de estas personas a las que les sorprendió el cierre de la frontera en el inicio de la pandemia.
El gobierno de Nicaragua ha explicado que solamente extiende permisos de ingresos a quienes presenten un certificado de COVID-19 negativo, no presente síntomas relacionados y demuestren que tienen pagado su transporte desde el país de origen hasta su vivienda.
Diversas organizaciones humanitarias consideran que el gobierno de Ortega está violando los derechos humanos y constitucionales de sus propios ciudadanos a quienes no deja entrar al país sin una prueba negativa de la COVID-19.
La crisis generada en esta frontera llevó recientemente al gobierno de Costa Rica a anunciar que admitirá a los ciudadanos de Nicaragua que no sean admitidos en su país, pero que lo hará analizando caso por caso.
El joven Kevin Antonio Valle, es uno de los muchos nicaragüenses que se encuentra seriamente preocupado por el bienestar de su madre, Karla Patricia Valle, detenida desde hace 10 días en la frontera tras intentar regresar al país luego de perder su empleo por la pandemia.
Valle se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para exigir que el gobierno facilite su retorno ya que las pocas veces que ha logrado comunicarse con su mamá le ha relatado que ya no aguanta las precarias condiciones de la espera.
“Yo vengo a exigirles que permitan la pasada de todas las personas que están allí en la frontera, porque no son ningún bicho raro para que los tengan allí aguantando todo eso. Es inhumano que están aguantando sol, mal dormir, mojándose. Yo me pregunto dónde está el amor y la paz que nombran tanto. Pido por mis familiares y por mi madre que está allí”, dijo el joven.
Las autoridades de Nicaragua están garantizando pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses que viajen al exterior, a un costo de 150 dólares, que equivale al 81% del salario mínimo promedio, según datos del Ministerio de Salud. Tras las críticas por el costo del examen, el organismo eliminó dicha información de su página web.
El defensor de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, dijo que la información recibida de parte de los nicaragüenses varados en la frontera describe condiciones inhumanas, a las que no debe ser sometido "ni el peor ser humano".
“Estamos hablando de nicaragüenses que solo quieren hacer uso del derecho consignado en el artículo 28 de la Constitución Política de Nicaragua, que dice que los nicaragüenses podemos salir e ingresar a nuestro país sin mayor trámite, con solo el hecho de mostrar que somos nicaragüenses”, enfatizó Cuevas.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro expresó a la Voz de América que el gobierno está garantizando el ingreso responsable de los nicaragüenses, y aseguró que los señalamientos y críticas sobre la situación humanitaria en la frontera, son provocadas por los "enemigos del gobierno”.
“A nadie se les esta negando la entrada, lo que se esta estableciendo son los parámetros necesarios que establecen los organismos de salud internacional para garantizar la no propagación de la pandemia, por ejemplo, el que entre tiene que ir a la cuarentena responsable”, argumentó Navarro.
Y mientras ciudadanos, familiares y organizaciones de derechos humanos sostienen que el gobierno no agiliza el regreso de nicaragüenses al país, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil anunció la reapertura del Aeropuerto Augusto César Sandino para activar la llegada de turistas extranjeros. Los que ingresen por esa vía también deberán presentar la prueba negativa de COVID-19, y no presentar síntomas asociados a la enfermedad.
El presidente Daniel Ortega apareció el pasado martes en una videoconferencia por el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo. Durante el evento y por más de una hora habló de la historia de América Latina, pero no aludió a la crisis de los migrantes nicas varadis en la frontera que divide a Nicaragua y Costa Rica.
