Un seminario digital organizado por la Universidad Internacional de la Florida analizó el estado actual de la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas en Centroamérica.
Uno de los participantes, Carlos Dada, fundador del periódico digital “El Faro”, señaló que las acciones de emergencia implementadas por los gobiernos centroamericanos para enfrentar la pandemia de COVID-19 acentúan la posibilidad de cometer actos de corrupción.
“Todos los gobiernos de la región están aprovechando las leyes de emergencia, para no tener que licitar, para no tener que publicar los procesos de contratación de servicios en emergencia”, dijo Dada.
En esencia, añadió, “se han cortado también los accesos a la información pública”.
Según el analista Álvaro Montenegro, conocer las acciones que desarrollan las autoridades durante este período debe hacerse con una lupa, ya que la compra de bienes y servicios, licitaciones, entrega de subsidios, entre otros, se hacen con más facilidad.
“Una serie de redes para evitar dar esta información, creando fideicomisos y una serie de entramados que pueden ser legales, pero que están en ese limbo entre la legalidad y la ilegalidad”, explicó el analista.
Los panelistas coincidieron que la función de la prensa ante las acciones que minimicen el control de la gestión pública será fundamental en la defensa del derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información.
“Un periodismo mucho más inquisidor al poder que el que se tuvo por decenas de años en Centroamérica”, dijo el investigador, Dr. Miguel Cruz.
Para Montenegro, hay que poner atención al gran aliado de la transparencia. “La sociedad civil ha subido como una oposición política”.
La pieza esencial del ejercicio de la libertad de expresión es el derecho a la información.
“Para que los ciudadanos y los periodistas tengamos acceso a la información que normalmente es de carácter público”, subrayó Dada.
