Un nuevo reparo fiscal ha sido impuesto por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua a Nicavisión SA, la empresa dueña de Canal 12, que reclama ahora a la televisora el pago de siete millones de córdobas, equivalentes a más de 200.000 dólares.
Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas, unos 603.375 dólares, que el gobierno ya había reclamado a este medio de comunicación y por los cuales el fisco procedió el 11 de septiembre al embargo de sus bienes.
En una entrevista emitida por Canal 12, su propietario, Mariano Valle, dijo que la jueza en el caso no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa hizo en los últimos años.
“Todo lo que mis abogados interpusieron como pruebas, unas no las aceptaron, pusimos pruebas de dos contadores públicos que son documentos oficiales, tienen peso, no lo aceptaron. Dijeron que no y así la jueza fue diciendo esto no lo acepto, esto no lo acepto”, explicó Valle.
Canal 12 es la cadena de televisión independiente más antigua de Nicaragua y esta sería la segunda ocasión en que el gobierno sandinista embargue las propiedades de la familia Valle, entre las que se cuentan el edificio donde opera la emisora, dos casas que colindan con el medio de comunicación, una torre de transmisión, cuentas bancarias, la residencia de Valle y su camioneta.
Los propietarios de Canal 12 fueron notificados del segundo reparo fiscal el 1 de octubre, un día después del juicio por el embargo a las instalaciones de la televisora, un proceso en el que la jueza Silvia Elena Chica Larios, decidió mantener el embargo y amenazó con subastar las propiedades si los dueños no pagan el monto que reclama la Dirección General de Ingresos.
Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos, explicó a la Voz de América que al propietario de Canal 12 se le está privando de recurrir a los recursos que le brinda la ley para enfrentar este proceso.
“Pareciera que no les están dando las oportunidades que tienen los contribuyentes una vez que reciben una auditoría y la DGI hace un reparo”, dijo Arteaga.
Explicó que “existe todo un esquema, un sistema, vías administrativas, entre las cuales están un recursos ante el administrador de rentas, el director general de ingresos, un recursos ante el tribunal aduanero o tributario, mientras estén estos recursos no pueden actuar en contra del contribuyente”.
Añadió que en base a su experiencia como director de esta institución estatal “la naturaleza de la actuación de la Dirección General de Ingresos revela una evidente represión a un canal informativo que ha dado voz a las víctimas de la represión del presidente (Daniel) Ortega y su esposa”.
Con el nuevo reparo, la deuda de Canal 12 ascendió a 28 millones de córdobas, más de 800.000 dólares, y se cerró un poco más la brecha entre el monto de la supuesta deuda y el valor de las propiedades embargadas, que asciende a 1,2 millones de dólares.
El pasado 12 de septiembre, la dirección del medio dio a conocer el embargo por los 21 millones de córdobas y los bienes personales del administrado, Mario Valle.
Después de 18 días del embargo, el 30 de septiembre, la jueza del caso desestimó todas las pruebas de la defensa y ordenó mantener el embargo millonario contra el canal. La defensa tiene 10 días para introducir un recurso de apelación y esperar por el amparo de la ley.
La Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, han repudiado el embargo a Canal 12 y denunciaron que con esta acción el estado “se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir”.
