La formación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala sigue causando controversia. Mientras están en proceso de convocatorias para seleccionar a los magistrados que integrarán la corte para el periodo 2021 – 2026, está en pausa la investidura de Mynor Moto como magistrado titular de la gestión actual, en sustitución de Bonerge Mejía, quien falleció en septiembre de 2020.
En medio de la polémica, Moto fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión, algo que considera una ilegalidad.
“La ley es clara, inmediatamente debe tomarse posesión, el Congreso ya llevó a cabo el acto que por ley corresponde y en ese sentido no pueden acá entrar a analizar será que le damos o no le damos posesión, tienen que dar posesión, no hay ninguna circunstancia que lo esté limitando”, dijo Moto después de su tercer intento por asumir el cargo en las instalaciones de la Corte, sin lograrlo.
Agregó que “es un acto meramente de trámite administrativo que ellos tienen obligación de realizarlo, es una ilegalidad lo que están haciendo”.
Contra la designación de Mynor Moto se han presentado 11 acciones legales y tiene dos solicitudes de antejuicio en su contra por los delitos de conspiración para la obstrucción de la justicia, prevaricato, incumplimiento de deberes y retardo de la justicia.
A criterio del analista Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el desacuerdo refleja que la llegada de Moto es un riesgo en la correlación de fuerzas dentro de la Corte, que cobra cada vez más relevancia.
“La Corte se ha convertido en el límite del ejercicio del poder público, en un actor que puede cambiar la ruta de los procesos en el país, tanto a nivel jurídico como político, eso hace que sea algo tan importante y se haya vuelto un centro de atención, ya no solo de los actores nacionales, sino que ahora actores internacionales también se manifiestan al respecto”, indicó el analista.
Además, concluye que independientemente de la correlación de fuerzas que queden en la máxima corte, sus resoluciones seguirán siendo controversiales, puesto que es la única instancia en el país que en definitiva puede poner un límite al uso del poder político.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sigue de cerca el intento de nombrar a Moto por las acusaciones de conspiración y obstrucción de justicia que pesan en su contra, poniendo en duda la integridad de la Corte y replicando la solicitud del embajador estadounidense, William Popp, de que se lleve a cabo un proceso legítimo y transparente.
Anteriormente, la nueva subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, publicó en su Twitter su preocupación “por el intento del Congreso de Guatemala de colocar a un individuo con acusaciones legales pendientes en su contra como magistrado de la corte constitucional”.
Añadió que eso “amenaza el Estado de Derecho al debilitar la integridad de la corte más alta en Guatemala”.
El sector empresarial también se expresó, pidiendo que se respete el debido proceso y se mantenga la certeza jurídica y la independencia judicial.
