Varias voces se unieron el lunes para pedir que el Ministerio Público investigue a fondo la denuncia —a la cual The Associated Press tuvo acceso— presentada por Amelia Flores, Ministra de Salud, y que advierte la compra de 30.000 pruebas de laboratorio para detección de coronavirus SARS-COV2 para el área de biología molecular y reactivos por un valor de 7.3 millones de quetzales (casi un millón de dólares).
“En plena crisis humanitaria es inconcebible que haya corrupción hasta en la compra de las pruebas para detectar #COVID19, esto no debe quedar impune”, dijo Jordán Rodas Procurador de los Derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter.
Varios diputados opositores también expresaron su malestar por los hechos denunciados.
“Es indignante que se estén aprovechando en medio de esta crisis para el enriquecimiento de forma fraudulenta, no solo están estafando, sino jugando con la vida de guatemaltecos: No sabemos si se detectaron casos a tiempo o se puedo haber prevenido muertes”, dijo Andrea Villagrán, diputada opositora.
El doctor Edwin Asturias, excomisionado para el manejo de la pandemia en Guatemala, dijo en su cuenta de Twitter que “Venderle (al Ministerio de Salud) pruebas #COVID19 falsas en medio de la peor epidemia que ha enfrentado #Guatemala lo dice todo de los negociantes de la Salud. ¿Cuántos casos positivos fueron falsamente diagnosticados como negativos y contagiaron a su familia?”.
Según la denuncia, las pruebas fueron compradas a la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima, que a su vez dijo que las adquirió de Atila Biosystems INC. —con sede en Estados Unidos— y, para que la autoridad no se percatara de que las mismas eran falsas, la empresa entregó directamente a los hospitales el material, algo que no estaba contemplado en el contrato de compra.
Atila Biosystems Inc, negó vía correo electrónico al Ministerio de Salud que haya vendido los kits a la empresa denunciada, apunta la demanda.
Flores, pidió que se investigue por posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude a Juan Pablo Arocha Urbina y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez, representantes de la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima, y a Ronaldo Estrada Rivera, ex funcionario de salud y actual viceministro de Cultura y Deportes, por haber firmado el contrato de compra.
Las pruebas que vencen en septiembre de 2021 fueron entregadas en los hospitales de Chimaltenango y Huehuetenango. El viernes pasado la Fiscalía contra la Corrupción, que conoce de la causa, recolectó pruebas en ambos hospitales como evidencia de la denuncia.
Entre las deficiencias que encontró el Ministerio de Salud en las pruebas que fueron entregadas en Huehuetenango están que el reactivo no es funcional para la realización de las pruebas PCR, así como la falta de adecuada identificación del manual de procedimientos.
En el caso de Chimaltenango, a donde llegaron 14.200 pruebas de la empresa denunciada, al momento de montar las pruebas no se obtuvo replicación de los controles, ni los reactivos coincidieron.
También se encontró impresión borrosa en la etiqueta, así como kits incompletos.
Hasta ahora ninguno de los acusados se ha pronunciado sobre la denuncia.
La misma empresa vendió, en junio de 2020, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 10.000 pruebas para detectar COVID por casi 400 mil dólares
Hasta el lunes Guatemala lleva 171.289 contagios registrados, de los cuales 6.306 han derivado en la muerte.
