Actualmente Guatemala experimenta una brecha entre quienes buscan trabajo y quienes lo encuentran, es decir, hay aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo que hacen falta para cubrir la necesidad de trabajo formal. Además, la mayor parte de la población trabajadora pertenece al sector informal.
El Ministerio de Trabajo reporta que de los 6,9 millones de personas ocupadas, el 29,8% trabaja en la formalidad y el 70,2% restante lo hace en la informalidad, quienes no tienen derecho a un seguro social, ni a prestaciones laborales.
Con ese panorama, la llegada del COVID-19 y los efectos que está causando en el desarrollo de la vida laboral y económica derivado del alto riesgo de contagio que ha obligado a suspender las actividades de trabajo, el transporte público y el comercio, llevará a Guatemala a una recesión, como lo explica el analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola.
El economista indica que conforme avanza la crisis se van creando escenarios, tomando en cuenta las proyecciones del Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales apuntan a que “Guatemala va a entrar en recesión en 2020”.
“Un escenario donde se habla de una crisis de corto plazo, que dura seis meses y regresamos después a la normalidad que estaría generando una pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Un escenario intermedio que se espera que la crisis dure hasta finales de año regresaríamos hablando de 90.000 puestos de trabajo. Si este impacto se extiende para 2021 estamos hablando de una pérdida de empleo de casi 140.000 puestos de trabajo” indica Casasola.
Según la última encuesta hecha por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, 2019 cerró con 179.072 personas desempleadas, quienes representan un 2,5 % de la Población Económicamente Activa. Sin embargo, estas cifras podrían incrementarse seriamente en los próximos meses.
El sector empresarial agremiado en el CACIF -Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras- presentó recientemente un informe de la situación actual en Guatemala con base en resultados de la “II Encuesta Impacto del Coronavirus en las empresas guatemaltecas”, en el cual refiere que 6 de cada 10 empresas están operando de forma parcial y 7 de cada 10 mantienen su planilla, es decir, no han despedido a personas.
El gobierno de Guatemala ha ofrecido como alternativa un programa de apoyo al empleador y trabajador formal, en el cual los patronos tienen la opción de suspender los contratos de sus trabajadores para no seguir pagando salarios, y en cambio, el gobierno les pagará Q 75 diarios, lo que equivale a un aproximado de 10 dólares durante tres meses.
Según la encuesta, de las 511 empresas consultadas, al menos 133 han optado por ese programa (26%) para aliviar la situación en medio de la crisis. Además, expone que de las empresas que participaron, la mayoría se dedica a servicios, industria y comercio.
“La precariedad de la economía informal”
Otro efecto predecible de la crisis es el crecimiento en la economía informal y la precariedad que experimentará. Así lo expone el analista David Casasola, quien explica que es “natural” que cuando se destruyen fuentes de trabajo formal, las personas se ocupen en sectores informales, sobre todo porque no existe una red de protección social o un seguro de desempleo. Lo que él llama “precariedad de la economía informal” se explica cuando las personas verán reducidas sus actividades económicas y entonces tendrán la necesidad de ocuparse en actividades menos remuneradas, con más horas de trabajo y con menos condiciones de seguridad.
Para el sector de trabajadores informales el gobierno implementa un programa que consiste en un bono de mil quetzales mensuales -equivalente a unos 130 dólares-. Sin embargo, para optar a este beneficio, los trabajadores deben estar inscritos ante las autoridades municipales, que son las encargadas de enlistar a quienes recibirán el dinero a partir de mayo.
