La Iglesia Católica en Nicaragua está denunciando nuevos acosos por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega a sacerdotes extranjeros que han acompañado las denuncias de la Conferencia Episcopal sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.
El obispo de la diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata, aseguró tener conocimiento de al menos dos sacerdotes extranjeros a los que se les ha reducido su permiso de permanencia en el país, y otros que son víctimas de asedio constante de parte de la Dirección de Migración y Extranjería.
La diócesis de Estelí denunció a través de sus redes sociales la cancelación de la residencia del sacerdote colombiano Luis Carrillo, quien pertenecía a la parroquia de San Judas Tadeo, en Condega.
“Se le ha retirado su residencia en Nicaragua, todo por pronunciarse en contra de las injusticias y la maldad humana”, señaló la diócesis en una declaración.
Inicialmente, al sacerdote se le dio un mes para salir del país, pero después se le extendió el permiso por un mes más, por lo que debe presentarse cada 30 días a renovar su permiso de estadía, afirma la diócesis.
También menciona el caso del cura de origen salvadoreño Julio Cesar Melgar, con más 30 años de vivir en Nicaragua y cuya residencia únicamente fue extendida solo por seis meses.
Mientras, otros sacerdotes extranjeros deben lidiar con la presencia constante de Migración y Extranjería en las misiones donde desarrollan sus trabajos en el interior del país, según denunció Mata.
La Dirección de Migración y Extranjería ha explicado que se trata de “una nueva normativa implementada con los sacerdotes extranjeros para reducir su estadía en el país”.
No obstante, el obispo Mata sostiene que “son sacerdotes que han elevado su voz ante los problemas que ven en sus comunidades, haciendo eco también a nuestra protesta de la Conferencia Episcopal ante los desmanes que provoca este gobierno.”
“A esos son los que veo que están atacando directamente”, añadió.
El religioso denunció además que el gobierno de Daniel Ortega mandó a cerrar el Instituto Técnico de Agricultura de la diócesis de Estelí, lugar donde se formaban jóvenes de las áreas rurales de ese departamento y que el mismo se ve reducido en su libertad de movilización ante la constante vigilancia y espionaje que mantienen sobre su persona grupos afines al gobierno.
Ataques y profanaciones
Recientemente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció en sus redes sociales la profanación de la capilla de Santo Domingo de Guzmán en la parroquia Cristo Rey, en Telpaneca, Madriz. Los delincuentes abrieron la imagen del Santísimo y tiraron las hostias al suelo, además de sustraer dinero e instrumentos del coro.
Vilma Núñez, directora de este organismo dijo que los ataques contra la Iglesia católica ya forman parte de la rutina represiva del gobierno de Nicaragua.
“Es toda una estrategia, no se puede considerar la serie de persecuciones y atropellos que cometen como hechos aislados y puntuales, es una estrategia de destrucción y de guerra abierta y declarada en contra de la Iglesia”, dijo Núñez.
En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro acusó a los obispos de “inventar acusaciones contra el gobierno sandinista con el objetivo de desprestigiar la buena labor que viene realizando el gobierno”.
Aseguró que en Nicaragua se respeta la libertad de culto y que las normativas migratorias “no tienen ninguna intención particular de perjudicar o expulsar del país a los sacerdotes que apoyan a los golpistas.
Las denuncias de la Iglesia católica se han intensificado desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega llamó golpistas a los principales representantes eclesiásticos.
En los últimos dos años, las parroquias, e incluso la Catedral Metropolitana, han sufrido atentados y profanaciones, mientras que los sacerdotes han sido asediados, amenazados y golpeados por fanáticos del Frente Sandinista.
