La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el jueves que la pandemia causada por la propagación de la COVID-19 ha generado restricción de libertades en Nicaragua, y ha incrementado la violencia contra las mujeres.
La crisis sanitaria "ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales", dijo Bachelet, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que también presentó los informes relacionados con la situación de los derechos humanos en Venezuela y Crimea.
La pandemia, agregó, además "ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios". Los primeros cinco meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, dijo Bachelet. El año pasado, habrían registrado 27 casos.
La Alta Comisionada también se refirió a la "poca transparencia y falta de claridad" en la información que se ha generado sobre los casos en el país centroamericano.
Dijo que las medidas del gobierno de Daniel Ortega y los procesos de detección de casos no se han ajustado a las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como por los médicos de dicho país.
"Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia", explicó Bachelet.
En cuanto a la economía, la funcionaria de la ONU señaló que la pandemia puede agravar una crisis que Nicaragua ya enfrentaba años atrás, agravándose la situación de los más vulnerables.
Aunque valoró las liberaciones de 4.515 reclusos para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, hizo á su vez un llamado a la liberación de personas detenidas en las protestas, alertando que ninguno de los 86 "presos políticos" registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020 han sido hasta ahora beneficiados con esta medida.
Continuas violaciones
La Alta Comisionada informó que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua, en febrero pasado, las violaciones de derechos humanos contra opositores del gobierno, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos nicaragüenses se siguen registrando y son persistentes.
"El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente", indicó.
En este sentido, de marzo a junio de 2020, la oficina de la ONU documentó 43 denuncias relacionadas con: "presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras", explicó la funcionaria.
Aclaró que, debido a la Ley de Amnistía, no se conocen investigaciones o procesos penales relacionados con esta situación y, al contrario, existe una impunidad por falta de reformas legales e institucionales.
Bachelet denunció ataques a indígenas, en el territorio Tuahka. Ataques que dejaron residentes y policías heridos en Esquipulas, isla de Ometepe, y el homicidio de un opositor en Jinotega.
Aludió además a la cancelación de la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil "sin las garantías del debido proceso".
Finalmente, Bachelet llamó al diálogo del gobierno con la sociedad civil, no solo que permita dar respuesta a la pandemia, sino para "superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente".
