Jueces denuncian persecución ante la Fiscalía de Guatemala

En un hecho sin precedentes en Guatemala, cuatro jueces denunciaron ante el Ministerio Público persecución en su contra por parte de supuestos grupos criminales que contarían con el apoyo de la policía. También expusieron que han recibido señalamientos con el aparente propósito de causar una “presión psicológica” en sus resoluciones, que involucran a exfuncionarios, militares y empresarios.

Las juezas Yassmin Barrios y Ericka Aifán, y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, que manejan expedientes de alto impacto, se presentaron el lunes ante la sede del Ministerio Público para pedir a la fiscal general, Consuelo Porras, que investigue los seguimientos que presuntamente han incrementado en su contra en las últimas semanas.

Gálvez señaló que existe intimidación hacia ellos por parte de personas armadas que les dan seguimiento desde sus casas. “Hay hostigamiento en contra de nosotros a nivel de instituciones y personas armadas”. Uno de los casos que el juez tiene a su cargo es “La Línea”, expediente en el está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como una treintena de empresarios y exfuncionarios públicos.

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A mediados de junio, Gálvez envió a prisión y ordenó una investigación en contra de seis militares retirados por desapariciones y asesinatos durante el conflicto armado interno. Esa carpeta se conoce como “Diario Militar”. Tras su resolución, el juez denunció que varios carros se estacionaron frente a su casa y lo siguieron durante días.

Los cuatro jueces tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus resoluciones que involucran a exfuncionarios. Militares y empresarios han recibido amenazas de muerte.

La jueza Yassmín Barrios denunció que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), José Antonio Tzubán, presuntamente solicitó a los agentes que la protegen que informen diariamente sobre sus movimientos y sus reuniones. “No tengo miedo, pero si lo están haciendo conmigo es un hecho que lo están haciendo con otros colegas”, aseguró.

Por su parte, el juez Pablo Xitumul declaró que su seguridad fotografió a personas que lo seguían. Se solicitó ayuda de agentes de la PNC, que detuvieron a los responsables, pero los dejaron ir. “Los detenidos sí tenían fotos de mi carro, pero dijeron que eran fotos para evidenciar tráfico. En ese momento no había tráfico y no se investigó lo ocurrido”, afirmó.

A su vez, la jueza Ericka Aifán explicó que las cuatro autoridades al parecer han sido seguidos por vehículos sin placa y que al presentar la denuncia, el Ministerio Público las desestima “bajo el argumento que no pueden identificarlos”.

La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad dio vía libre para que avance un proceso de retiro de inmunidad en contra de la jueza Aifán. La petición fue planteada por allegados a exjuez, Mynor Moto, quien está prófugo por un caso de corrupción que involucra a un exministro de comunicaciones del gobierno del expresidente Jimmy Morales.

Los cuatro jueces también pidieron a la jefa del Ministerio Público que archive las denuncias en su contra. Son más de 100 denuncias de este tipo recibidas en los últimos diez años.

“Los cuatro jueces de mayor riesgo estamos presentes para hacer una petición a la fiscal general en virtud que han puesto muchas denuncias penales en nuestra contra. Estas denuncias presentadas en el Ministerio Público se convierten en un hostigamiento”, dijo Aifán.

Las denuncias presentadas en contra de los jueces son de los implicados en procesos penales que ellos conocen. Los jueces explicaron que uno de los objetivos de las demandas es que sean separados de los casos que llevan. “Esto se convierte en una persecución y una presión psicológica para que no resolvamos correctamente”, dijo el juez Pablo Xitumul.

The Associated Press solicitó la postura del Ministerio Público a través de su portavoz, Juan Luis Pantaleón, quien respondió que “se recibió la petición y se estará realizando el análisis respectivo en cada fiscalía para determinar lo procedente conforme a la ley”.

En el caso de la Policía Nacional Civil no se tuvo una respuesta.

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