El gobierno de Nicaragua informó este miércoles que está gestionando el acceso para al menos tres vacunas contra COVID-19 de diferentes laboratorios, las cuales podrían llegar en marzo, como parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con la iniciativa, la OMS busca la distribución equitativa de las vacunas en los países que participan del programa.
Las tres vacunas a las cuales el gobierno prevé acceder son las farmacéuticas Moderna y Oxford-AstraZeneca, y la Sputnik V de Rusia. Esta última ha generado un temor en algunos ciudadanos consultados por la Voz de América.
Preocupaciones acerca de la vacuna rusa
Keyling Álvarez trabaja como vendedora ambulante en un punto de la capital de Nicaragua. Recientemente se enteró de la posible llegada de estas vacunas. Aunque celebra la noticia divulgada en los medios locales, teme en específico por la vacuna rusa.
“Sobre la vacuna rusa no sé qué decirle, no he oído tanto de esa vacuna y no se sabe mucha información, y preocupa que no va a ser efectiva”, dijo Álvarez a la VOA.
Ella, sin embargo, confía “en que la vacuna que vaya a venir sea efectiva para el mundo entero prácticamente. Sabemos que este virus ha sido mortal para todos, entonces estamos esperando y que la vacuna traiga buenos resultados”.
Otros ciudadanos, como Stella Deyanira, ven con optimismo el anuncio estatal. En su caso, una persona murió por COVID-19. “Yo la miro bien (las vacunas), así vamos a evitar más muertes”.
Algunos temen a reacciones adversas o efectos secundarios, como María Eugenia Largaespada: “Yo no me la pondría ninguna, siento temor. Prefiero que se las pongan a las personas que lo necesiten más yo no, no me la pondría”.
Según la explicación del gobierno, se obtendrán estas vacunas por los bajos costos con relación a la vacuna Pfizer, que es la de mayor eficacia (95%). Según las autoridades, esta no podrá ser adquirida por el país pues esta requiere de temperaturas de menos 70 grados para su almacenamiento y un elevado presupuesto para la cadena de frío.
“Esto representa un problema serio, sobre todo para nosotros los países empobrecidos”, dijo el gobierno.
El doctor Carlos Quant, médico infectólogo, integrante del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, considera que es normal que haya temor inicialmente por algunas vacunas y que incluso se den ciertas manifestaciones secundarias, pero llama a la calma, pues indica que las vacunas que fueron aprobadas por las organizaciones sanitarias, cumplieron con los protocolos necesarios.
Respecto a la vacuna Rusa, Quant dice que uno de sus problemas es que no toda la información fue liberada en la tercera fase, pero entiende que es una vacuna que ha demostrado “ser bastante segura”.
“Es normal que un porcentaje de la población presente algunas reacciones locales, que es típico de las vacunas”, explicó.
De acuerdo con la vocera del gobierno y vicepresidenta, Rosario Murillo, con el financiamiento que Nicaragua ha recibido, estaría en la capacidad de vacunar a poco más de unos 3 millones de personas, de los alrededor de 6 millones de habitantes del país.
“Es decir, en el primer momento al 55% de la población, pero queremos llegar a la protección total, es decir a la cobertura de todos y estamos haciendo nuevas gestiones”, indicó Murillo este miércoles.
La funcionaria evitó precisar la fecha en que las vacunas estarían llegando al país y se justificó alegando que usualmente hay contratiempos.
De acuerdo con el epidemiólogo Quant, el porcentaje que el gobierno pretende adquirir es importante para alcanzar la inmunidad colectiva, para la cual se necesita un 60% de cobertura, ya sea por inmunidad natural o por vacuna.
“Estaría bastante próximo para ese propósito. Sería importante porque ayudaría a proteger a una proporción alta de la población, personas mayores de edad, con enfermedades crónicas y personal sanitario”, enfatizó Quant.
Según datos de organizaciones independientes, el personal de salud ha sido uno de los más golpeados por el nuevo coronavirus en Nicaragua. El reporte del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza hasta el 23 de diciembre de 2020, 112 fallecimientos de trabajadores de la salud.
El gobierno por su parte mantenido estas cifras ocultas y bajo secretismo.
