La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió en el “preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos” en Nicaragua.
Una crisis que, a su parecer, se ha agudizado en los últimos tiempos a medida que se acercan las elecciones previstas para el 7 de noviembre que han generado una gran desconfianza entre los países de la comunidad internacional al no haber una reforma electoral que garantice un proceso “justo y transparente”.
“Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos”, manifestó Bachelet durante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada este martes en Ginebra (Suiza).
La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) encargada de velar por los derechos humanos lleva más de tres años “analizando en profundidad” la crisis sociopolítica que hay en el país presidido por Daniel Ortega. A pesar de las insistentes recomendaciones que se han hecho por parte de la comunidad internacional, como la ONU o la Organización de Estados Americanos (OEA), el ejecutivo nicaragüense ha hecho caso omiso, según advirtió Bachelet.
“Una crisis que se ha agudizado de manera alarmante”
“Lamentablemente, debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, señaló durante su intervención.
Michelle Bachelet también hizo alusión a la detención de varios políticos opositores al gobierno oficialista de Nicaragua, cinco de ellos precandidatos presidenciales, “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria”, lo que supone “graves violaciones de las garantías procesales”.
“Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia”, aclaró en referencia a los cinco precandidatos que han sido arrestados en las últimas semanas en Nicaragua.
Denuncia las detenciones arbitrarias
Con todo, aseguró que su oficina está vigilante a los eventos que ocurren en Nicaragua y “documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional”.
“Ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacios públicos, violando así su derecho a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica”, manifestó.
Según datos proporcionados por Michelle Bachelet, hasta el 14 de junio había “9 mujeres y 115 hombres que permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos” en Nicaragua.
![Verónica Chávez, esposa del periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua Miguel Mora, acude a la celda de máxima seguridad de Managua para saber de su esposo detenido. [Foto: Houston Castillo Vado]](https://gdb.voanews.com/b985963f-ff77-4bf5-9539-0e251d4f1cea_w100_r1.png)
Inseguridad en Nicaragua
Al mismo tiempo, Bachelet condenó la represión que se ha agudizado en los últimos tiempos en el país centroamericano provocando “un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión”, lo que resultaría “esencial para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”.
La Alta Comisionada celebró el trabajo realizado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comunidad internacional y otros organismos para monitorear la situación en Nicaragua. A pesar de todos los esfuerzos, Bachelet lamentó que el Gobierno de Ortega “sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas” por su oficina, que actualmente no tiene autorización para estar en Nicaragua por orden del ejecutivo oficialista.
“Ante este escenario, emplazo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”, dijo.
Apoyo de EE.UU. y otros países
En esa línea, Estados Unidos ha firmado una declaración junto a otros 59 países en el que se respaldan las peticiones de la Alta Comisionada y se pone de manifiesto las preocupaciones sobre esta crisis social, política y de derechos humanos en Nicaragua.
“Instamos al Gobierno (de Nicaragua) a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, indica.
Aseguran además que están preocupados porque Daniel Ortega “no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 propuesta por la Organización de Estados Americanos y respaldada por el Consejo” que se reunió este martes.
“Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata”, apostilla el comunicado.
Nicaragua critica la “intromisión” internacional
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, participó en el Consejo como parte aludida y criticó la “intromisión y la intervención” de Estados Unidos y de “las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominios imperialistas” sobre Nicaragua con la excusa, según él, de que se estaban violando derechos humanos.
“Nicaragua ha enfrentado la codicia indecente de Estados Unidos y Europa que se ha valido de todos los visos de su propia decadencia para intentar desarticular y desmontar el honor nacional y el espíritu del sandinismo”, expresó.
Ante esto, dijo que el pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir en paz sin la “inmoral y evidente avaricia imperial colonial norteamericana y europea”.
“Tenemos derecho a vivir tranquilos. Tenemos derecho al respeto. Tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de adhesión”, agregó al respecto.
"Delitos de traición y conspiración sediciosa”
El gobierno de Nicaragua distribuyó a sus embajadas un documento fechado el 13 de junio, y al que la VOA tuvo acceso, que titula “Nicaragua: en defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho”.
Según la proclama, las investigaciones contra Cristiana Chamorro están basadas en el manejo que habría hecho de los fondos provenientes de agencias gubernamentales y privadas de Estados Unidos. “Por ello, cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al Estado de Derecho, la Democracia, la Soberanía Nacional y la Libre Autodeterminación en Nicaragua”.
El gobierno de Ortega acusa en el documento a los opositores por “su lealtad al gobierno de los Estados Unidos de América”, y “exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
Apelando a la legislación vigente, el documento indica que la Ley No. 1055, “protege al Pueblo Nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa”.
