Isidro Córdobas es un pequeño empresario nicaragüense residente de una localidad a unos 66 kilómetros de Managua a quien las continuas muertes de sus conocidos y de la ciudadanía en general a causa del coronavirus durante las últimas semanas le preocupan en gran manera.
Es por ello por lo que desde que se dispararon los casos del COVID-19, él y un grupo de ciudadanos decidieron recolectar paquetes con insumos de protección para entregarlos a los más necesitados ante la pandemia.
En su vivienda, que a la vez es una pequeña empresa que ha levantado con el paso del tiempo, Córdobas ha reunido cientos de paquetes con alcohol gel, mascarillas y otros productos.
Los paquetes o kits están siendo distribuidos en algunas comarcas del pequeño municipio llamado La Conquista, del departamento de Carazo, pero también algunos lugareños acuden a la casa del empresario para recoger esta ayuda.
Sin embargo, esta acción le ha ocasionado que patrullas de la Policía Nacional, una institución sancionada por Estados Unidos este año, lo visite constantemente para intimidar, relató Córdobas a la Voz de América.
“Por los kits que hemos regalado la policía sandinista nos ha criminalizado al extremo que nos han asediado. Al joven que nos acompaña a entregar los paquetes le quitaron su motocicleta y lo retuvieron por varias horas”, denunció el empresario.
Añadió que incluso patrullas policiales se apostan en el exterior de su casa para vigilar los movimientos que hay cuando las personas llegan a traer sus paquetes de protección.
“La gente acepta muy bien los kits, incluso le dimos a personas del gobierno, porque nosotros no somos políticos, no nos fijamos en lo político, lo mío es ayudar a la población en el municipio”, agrega Córdobas.
Esly Cerda, el joven encargado de distribuir los insumos en su motocicleta, dijo a la VOA que por esa razón fue retenido por varias horas y le decomisaron su bicicleta.
El argumento fue que el joven de 21 años supuestamente hizo caso omiso de la detención del vehículo.
“Todo eso fue falso. Era porque llevábamos bombas para fumigar las casas. Hemos sido asediados, nos retiene la policía donde me ve y están pendiente dónde me voy a movilizar”, indicó el joven.
La motocicleta le fue entregada días después y según Cerda con amenazas de que no continuara su apoyo a la ciudadanía.
“Me advirtieron que no somos autoridad para entregar esos insumos, que eso le compete al Ministerio de Salud”, agregó el joven.
El gobierno debe cumplir con su responsabilidad
La socióloga e investigadora Elvira Cuadra considera que es el gobierno del presidente Daniel Ortega el que tiene que cumplir con su responsabilidad y deber de proteger a los ciudadanos en esta situación de emergencia.
“La ciudadanía, que en realidad no es oposición, está haciendo su parte y más de lo que le corresponde frente a la ausencia premeditada del estado”, dice la experta a la VOA.
De momento, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha hecho campañas masivas en los medios oficiales para prevenir el coronavirus y anunciado visitas casa a casa para crear consciencia sobre el coronavirus.
Sin embargo, esta medida incluso ha sido criticada recientemente por Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Para esas visitas casa por casa se requiere personal altamente entrenado y con características especiales de experiencia y conocimientos que pueda hacer un diagnóstico clínico adecuado y tomar las acciones que corresponde”, dijo el martes Ciro Ugarte, Director de Emergencias en Salud de la OPS, durante el informe sobre el avance de COVID-19.
Las aglomeraciones y eventos masivos persisten en el país pese a que la misma campaña oficial indica lo contrario. Las clases tampoco han sido suspendidas.
Mientras tanto, la ciudadanía nicaragüense, con sus pocas herramientas, ha intentado autoprotegerse y tomar medidas para contener la pandemia.
“No me puedo quedar callado ni de brazos cruzados viendo cómo el pueblo está sufriendo, esperanzado a una reacción del gobierno que es nula, llena de mentiras”, afirma el empresario Isidro Córdobas.
Ayuda centralizada
Este no es el primer intento de ayuda que ha sido frenado o asediado por las autoridades nicaragüenses.
Un mes atrás, monseñor Rolando Álvarez, uno de los religiosos más conocidos de Nicaragua, fue desautorizado por el Ministerio para la creación de un proyecto de prevención médico ante la propagación de COVID-19.
“El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni si quiera el call center (centro de llamadas). Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”, denunció el religioso en su cuenta de Twitter.
En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como otras organizaciones locales condenaron la negativa del Ministerio de Salud.
“La CIDH lamenta que el estado no acompañe este proyecto y señala que urge tomar medidas de cuidado en materia de salud ante la pandemia”, escribió en Twitter la organización.
Sin embargo, funcionarios de gobierno en ese entonces criticaron la medida del religioso y la compararon con el apoyo de la iglesia a los manifestantes antigubernamentales de 2018.
“Los golpistas dicen querer estar ahora con el pueblo, ahora son los pulcros, pero ya los conocemos, sabemos con qué intención lo hacen. Para eso está el Ministerio de Salud”, dijo Luis Barbosa, diputado oficialista.
Según las autoridades nicaragüenses 1.823 personas han sido confirmadas con COVID-19, de las cuales han muerto 64.
“Si las cifras oficiales se mantienen en 1.823 casos confirmados y existen 64 fallecidos, estamos hablando de una tasa de letalidad del 4%”, advirtió el Comité Interdisciplinario de Expertos Independientes que aglutina a profesionales de la salud.
“Por lo tanto, las cifras oficiales nos están diciendo a gritos que algo grave está pasando y que tenemos que tomar todas las medidas de prevención contra más contagios”.