Las remesas familiares son un pilar de la economía nicaragüense y durante los últimos años el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado el control y la vigilancia sobre este dinero, lo que genera preocupación entre la población y los especialistas en economía.
Desde 2019, las remesas que reciben los nicaragüenses superiores a los 500 dólares y que resulten “sospechosas” deben ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.
Aunque realmente aumentar la supervisión de estos flujos de dinero se corresponde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el problema en Nicaragua radica en las personas que ejercen este control, según expertos consultados por la Voz de América.
Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos de Nicaragua y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó el origen de la preocupación.
“En el caso de Nicaragua vamos a tener siempre este problema porque este gobierno no administra imparcialmente las leyes. Es la administración de esas leyes el problema en Nicaragua. En manos de personas inescrupulosas esas leyes se convierten en un arma peligrosa”.
Después del ingreso por concepto de exportaciones, las remesas representan la segunda fuente más importante de dinero para Nicaragua.
Hasta 2020 llegaron más de 1.800 millones de dólares, según reflejan cifras del Banco Central. Sin embargo, la medida de control ha sido innecesaria y el economista Luis Murillo explica las razones.
“Si bien es cierto esos 1.800 millones de dólares representan casi el 12% del Producto Interno Bruto, eso es un monto global, pero a nivel particular los migrantes no envían más de 100 o 150 dólares de Costa Rica, y 200 y 300 dólares de Estados Unidos y España, y no llegan a los 500 dólares. Yo creo que esa fue una normativa que estaba previendo el traslado de dinero para la futura campaña electoral”.
Todo este endurecimiento del control de remesas en Nicaragua ocurrió en un contexto de medidas que afectan a los opositores y a las organizaciones no gubernamentales, fortalecido ahora por la Ley de Agentes Extranjeros, que ha colocado al borde del cierre a las organizaciones sociales en el país.
