El control de Ortega sobre los poderes del Estado y las instituciones en Nicaragua

Desde que el presidente Daniel Ortega llegó al poder en 2007 inició un proceso en Nicaragua de centralización del poder y desmantelamiento de las instituciones, las mismas que hoy utiliza coordinadamente para reprimir a opositores y castigar a los que disienten, valoran expertos consultados por la Voz de América.

El control que el mandatario centroamericano ejerce en Nicaragua se vio durante las protestas que surgieron en abril de 2018 y que -según organismos de derechos humanos- dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados.

Medios confiscados, fallos arbitrarios, leyes dictadas en la Asamblea Nacional de forma exprés, el uso de la fuerza armada, entre otros, lograron que Ortega volviera a tomar el control en el país, convulsionado por la inconformidad social.

Un ejemplo de ello, fue evidente en la noche del 21 de diciembre de 2018, cuando la Policía Nacional cercó el perímetro del Canal 100% Noticias para detener a su director, Miguel Mora, y a la jefa de prensa del medio, Lucía Pineda Ubau. Ese día fuerzas del orden irrumpieron abruptamente el edificio sin ninguna orden de allanamiento que avalara la acción.

Mientras esto ocurría, el Instituto Nicaraguense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) -controlado por Ortega- daba a conocer a través de un comunicado que a partir de las 9:00 pm de ese día, quedaba “sin autorización de transmitir” el Canal 100% Noticias.

Pero esta forma de operar de Telcor en coordinación con la Policía, no es única, sino solo un pequeño ejemplo de cómo funciona el engranaje del Estado, advierte el jurista José Pallais a la VOA. El experto afirma que "la principal característica de una dictadura es la concentración de poder".

“Todo el balance, el equilibrio de poderes se pierde con Ortega. Él vino dando los golpes progresivamente para que el poder se viera concentrado en él y en su esposa Rosario Murillo”, indica.

Tres períodos del gobierno para controlar los Poderes del Estado

El abogado constitucionalista Bonifacio Miranda señala que este proceso de desmantelamiento institucional se dio en tres etapas, las mismas, -expone-, que coinciden con los tiempos que se dieron “fraudes electorales” para que Ortega lograra gobernar durante estos trece años consecutivos.

La primera etapa fue desde que Ortega asumió el gobierno en el año 2007, y a pesar que no tenía mayoría en la Asamblea Nacional, negoció de manera bilateral con las dos fracciones de la oposición para obtener magistrados en el poder electoral.

“En el primer gobierno (2007-2012) esta centralización del poder a nivel del ejecutivo, estuvo acompañada también del reclutamiento y férreo control de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), que le permitieron obtener una falsa mayoría en las elecciones municipales del año 2008”, dice Miranda a la VOA.

Durante este período Ortega tenía serios limitantes porque no controlaba todos los poderes del Estado como la Asamblea Nacional; por lo que no logró imponer una reforma constitucional para obtener el derecho a la reelección continua, que estaba prohibida en el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua.

Sin embargo en este entonces, Ortega conformó una mayoría de magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que emitió una sentencia declarando inaplicable la prohibición del artículo 147, permitiendo la reelección indefinida en el país.

Con ello Daniel Ortega pudo ser candidato presidencial en las elecciones del año 2011, “pero estos dos hechos ya reflejaban el control total sobre las instituciones del Estado, rompiendo el equilibrio de poderes y subordinando dos poderes claves, como el CSE y la CSJ, al poder ejecutivo”, rememora Miranda.

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El control de la Asamblea Nacional

Producto de los resultados de dichos comicios, considerados “fraudulentos” por la oposición, Ortega obtuvo un segundo mandato (2012-2017) pero además logró obtener la mayoría absoluta de los diputados de la Asamblea Nacional.

“Con esta mayoría, Ortega pudo realizar los cambios legales que no había podido hacer en el periodo 2007-2012”, explica Miranda. Dentro de ellos, Ortega derogó el sistema de dos vueltas electorales e instauró un sistema de mayoría simple a nivel presidencial.

En el segundo gobierno consecutivo de Ortega se consolidó ese proceso de centralización del poder político, y la subordinación de los restantes poderes al presidente, expone Miranda.

“Lo que en el primer gobierno fue un fenómeno de centralización del poder en los hechos, en el segundo gobierno la mayoría parlamentaria le permitió hacer los cambios legales e institucionales de este proceso de centralización del poder. Una verdadera dictadura institucional”, afirma el experto.

Según el jurista José Pallais, esto ha tenido como consecuencia un grave panorama económico y un futuro incierto en Nicaragua pues “aquí solo está la voluntad férrea de dos personas: doña Rosario Murillo y Daniel Ortega”.

Pero este período le ha permitido a Ortega perfeccionar el control sobre la disidencia, advierte Pallais. “A diferencia de los años (de la década de) 1980, cuando la seguridad del Estado era preservada por el Ministerio del Interior, ahora el modelo de seguridad soberana, o espionaje es realizado por todas las instituciones al servicio del régimen”, considera.

Tercer mandato: primera dama nombrada como vicepresidenta

Y finalmente, para las elecciones del 2016, explican los expertos, Ortega incorporó a su esposa, Rosario Murillo, como compañera de fórmula presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), consolidando así el poder familiar para un tercer período (2017-2022).

En estos comicios, donde el FSLN obtuvo más del 65 % de los votos, fueron fuertemente criticados tras denuncias de que se trató de un proceso fraudulento y marcado por la abstención de la ciudadanía.

En este período se produjo una de las peores crisis sociopolíticas durante la administración de Ortega, la cual ha devenido en sanciones para al menos 22 funcionarios y allegados al binomio sandinista.

“Desde entonces la estrategia de la dictadura ha sido simple: mantenerse a toda costa en el poder, esperando las elecciones del 2021. En este proceso ha mantenido los niveles de represión, esperando poder negociar la necesaria reforma electoral, primero con el gobierno de Estados Unidos, para obtener garantías ante un casi inevitable cambio de gobierno”, concluyó el abogado Bonifacio Miranda.