La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Nuñez, expresó su preocupación a la Voz de América por el incremento de la violencia en el país provocado por el odio y el fanatismo político, que señala, es promovido por el partido de gobierno.
Su reacción se dio luego del más reciente hecho que ejemplifica la denuncia y es el asesinato del opositor político, Jorge Rugama Rizo, muerto de un disparo de arma de fuego por un simpatizante sandinista identificado como Abner Onell Pineda, en medio de una caravana oficial que celebraba el Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, luego de gritar "Viva Nicaragua libre".
La defensora de derechos humanos dijo que el trágico hecho, que ha causado conmoción en el país, tiene sus bases en el discurso de odio, que asegura es promovido desde la pareja presidencial.
"Fue completamente un hecho irracional, una reacción visceral producto del odio que se ha impulsado en discursos partidarios de la misma vicepresidenta y del mismo Daniel Ortega en contra de la población nicaragüense y que ha permeado las mentes, el corazón y el alma de sus partidarios", dijo Núñez.
Por su parte, la madre del joven asesinado el 19 de julio, Luisa Rizo Laguna, aseguró que su hijo era un conocido crítico del gobierno del presidente Ortega.
"Mi hijo no era del partido de ellos. Mi hijo era liberal. Yo quise agarrar a mi hijo y llevarlo para adentro pero no pude, cuando yo di la vuelta el hombre le puso la bala. Son ellos mismos", relató.
La madre asegura que el padre de su hijo murió en 1979 en el contexto de la Revolución Sandinista, que el pasado domingo cumplió 41 años. Y otro de sus hijos, hermano de la víctima, murió durante la guerra de 1980 entre sandinistas y contras. Por estas pérdidas, afirma, su hijo no simpatizaba con el Frente Sandinista.
Doña Luisa aseguró que la policía llegó a su casa para levantar su testimonio de los hechos, aunque ella desconfía de las autoridades del país, ya que el mismo sistema de justicia está alineado con el partido de gobierno al que pertenece el presunto autor del crimen.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que recibió información del crimen de Jorge Luis Rugama Rizo y urgió al Estado a "investigar oportuna, exhaustiva e imparcialmente los hechos y determinar responsabilidades de este crimen".
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que ha acompañado a los familiares recalcó que estas acciones son consecuencia de las ideologías inculcadas a "partidarios extremadamente fanatizados por el partido de gobierno, lo que representa un riesgo para la población en general y aquellos que tienen una posición conocida como opositores al régimen".
Sin embargo, la versión oficial ofrecida por la Policía Nacional omite que los hechos tengan un trasfondo político y asegura que el crimen ocurrió luego de una acalorada discusión entre ambas personas.
Alejandro Ruíz, jefe de la Policía en Estelí, departamento donde ocurrieron los hechos, dijo a medios oficiales que "se entrevistaron testigos e investigadores policiales capturaron a Abner Onell Pineda, quien discutió con la víctima Jorge Rugama Rizo y lo privó de la vida".
La versión policial asegura que los oficiales se presentaron al lugar y encontraron el cuerpo de Rugama "con lesiones ocasionadas por impacto de bala con armas de fuego, se entrevistaron testigos, inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, se ocupó un casquillo percutido y se recolectaron muestras de sangre para realizar peritajes químicos, balísticos y biológicos".
Mientras defensores de derechos humanos también denunciaron que mientras se sepultaba a la víctima la casa de uno de sus familiares fue atacada e incendiada, presuntamente por simpatizantes sandinistas.
Nicaragua vive desde el año 2018 un contexto de crisis que ha enfrentado a sus ciudadanos entre quienes se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega y los que defienden su permanencia en el poder pese a los ataques dirigidos contra civiles desarmados por paramilitares y parapoliciales en el contexto de las protestas sociales.
En este escenario, defensores de derechos humanos sostienen que los crímenes con naturaleza política se siguen cometiendo en el país.
