La Fiscalía nicaragüense amplió una investigación que abrió días atrás contra la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro, citando a periodistas y directores de medios de comunicación para declarar sobre un supuesto caso de lavado de dinero.
La fiscalía, señalada de estar controlada por el presidente Daniel Ortega, ha puesto en la mira a la Fundación Violeta Barrios, una entidad dirigida por Cristiana que promovía la libertad de prensa en el país antes de cerrar sus operaciones en febrero de este año.
Los citados ante las autoridades fueron María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena internacional Univisión; Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación —una de las emisoras de mayor penetración en la zona rural de Nicaragua—, y Verónica Chávez, exdirectora ejecutiva del Canal 100% Noticias, confiscado en diciembre de 2018.
También fueron citados los extrabajadores de la Fundación Chamorro Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga.
“Dentro del plan para silenciar a la prensa independiente en Nicaragua, fui citada esta tarde. Pretenden implicarme en el mismo proceso arbitrario por supuesto lavado de dinero que siguen contra Cristiana Chamorro”, escribió en Twitter Lilly Delgado, corresponsal de Univisión.
Por su parte, Gadea Mantilla, empresario radial y excandidato presidencial, recibió con “sorpresa” la noticia, e indicó que un proceso judicial contra su medio “sería un golpe fatal”.
“La cita la recibí vía telefónica, pero estoy enfermo”, dijo Gadea, de 89 años. "Sería un golpe fatal porque si nos meten eso, nos paran la radio y estamos listos y servidos".
La investigación contra Cristiana Chamorro comenzó el 20 de mayo, después de que el Ministerio de Gobernación (Migob), institución que regula a las organizaciones no gubernamentales, señaló que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro supuestamente cometió “claros indicios de lavado de dinero” en los últimos años.
La Fundación suspendió operaciones en febrero tras aprobarse la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que inhabilitaba a cargos públicos a quienes estuvieran a cargo de organizaciones no gubernamentales.
Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua catalogó el proceso que se ha abierto en su contra como una “monstruosidad jurídica”.
“Lo que hay es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana por el delito que quiero servir a los nicaragüenses”, declaró Chamorro al salir del Ministerio Público.
Congelan cuentas bancarias
Al mismo tiempo de la citación del lunes a los reporteros y extrabajadores de la Fundación, Chamorro informó que el Gobierno de Ortega congeló sus cuentas bancarias y levantó el sigilo financiero. “Rechazo y denuncio esta arbitrariedad”, escribió Chamorro en Twitter.
Chamorro es una de las candidatas con más aceptación dentro de la oposición nicaragüense, según una encuesta de Cid Gallup dada a conocer en febrero.
Según críticos, es por esta razón que Ortega intenta “fabricar” cargos en su contra y a la vez “criminalizar” el ejercicio del periodismo, vinculándolos con la supuesta investigación que indican “tiene tintes políticos”.
“Pretenden inhibir a Chamorro y tienen dos vías: o aceleran el proceso o el Consejo Supremo Electoral no inscribe la candidatura aduciendo dice que tiene roces con las leyes represivas del régimen”, comenta a la Voz de América el exdiputado y analista político Eliseo Núñez.
Según Núñez, Ortega más allá de la inhibición, también “lo que quiere es ensuciar el nombre de Cristiana, no ante los opositores sino ante su propia gente, pues él sabe que las candidaturas de la oposición en una u otra medida tienen cierta aceptación”.
Oficialismo ya había advertido investigación
Días después del cierre de la Fundación Chamorro, el diputado oficialista y artífice de la Ley de Agentes Extranjeros Wálmaro Gutiérrez advirtió que no era suficiente con deshacer las organizaciones “como si fueran pulperías”.
“El hecho de decir públicamente que cancelan sus operaciones, no significa que puedan ponerse al margen de la ley. Las personas jurídicas se quedan en base a la ley, que también establece cómo las cosas en derechos se hacen o se deshacen. No es suficiente con salir públicamente que ya no opero como que si fuera una pulpería o miscelánea”, declaró Gutiérrez en un medio oficialista.
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