El poder judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentran José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados dos de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua.
De acuerdo con una orden de la jueza Karen Vanessa Chavarría, a los afectados se suman Humberto Antonio Belli Pereira, Alfredo José Marín Ximénez, Roberto Martino Salvo, Aurora Mercedes Gurdián Ubago y Mario José Arana Sevilla, este último expresidente del Banco Central de Nicaragua y de la Cámara de Comercio Americana y quien también tiene una orden de detención en su contra.
Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a la Voz de América que el Gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las elites económicas del país.
“Que les congelen las cuentas a todas estas personas, evidentemente nada tiene que ver con su participación en FUNIDES, que presentaba un informe de coyuntura cada tres meses”, señaló Sáenz.
“Evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también seguramente en su acción demencial someter sus voluntades pretendiendo que por esta vía los va a arrodillar para someterse a su voluntad”, agregó.
La nota judicial fue enviada al superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al sistema bancario nacional “dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial” y “remitir los resultados al despacho de la Fiscal General de la República, en las oficinas centrales del Ministerio Público”.
Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada, demandó a través de su presidente Michael Healy el fin de la represión en el país.
¨Como empresa privada organizada demandamos una vez más el cese a la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y que se permita celebrar elecciones libres y transparentes como lo establece la Carta Democrática, esta represión tiene que parar, tiene que cesar¨, dijo Healy.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido centro de pensamiento son investigados “por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, y por haber recibido recursos económicos de fuentes extranjeras”.
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