![Una periodista dando cobertura a una protesta antigobierno en Managua. [Foto: Houston Castillo/VOA].](https://gdb.voanews.com/20f438df-0488-4eb4-af77-49eef377604a_w250_r1_s.png)
Diputados afines al mandatario nicaragüense Daniel Ortega han enviado este lunes a la Asamblea Nacional una propuesta de ley que, según expertos, pretende criminalizar el ejercicio del periodismo y el uso de las redes sociales, lo que -en su opinión- supone un paso más en el proceso de "cubanización" de Nicaragua.
La iniciativa llamada “Ley Especial de Ciberdelitos”, plantea -según el documento- investigar, perseguir y sancionar a quienes usen las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas. Esto incluye a periodistas, activistas y sociedad civil en general.
En el artículo 30, amenaza con cárcel a quienes usen “las tecnologías de la información y comunicación” para publicar lo que ellos consideren noticias falsas, tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población”.
“Se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa[sic]", detalla el texto del proyecto de ley.
Durante las protestas antigubernamentales de 2018, el gobierno de Daniel Ortega catalogó como difusores de noticias falsas a los periodistas y medios de comunicación que divulgaron información sobre la represión estatal que presuntamente dejó más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
También la administración sandinista ha tildado de noticias falsas e información que “genera zozobra” en la población, todo lo publicado por medios independientes sobre el nuevo coronavirus en contra de las estadísticas oficiales, que fueron cuestionadas por la falta de transparencia en los datos.
Gremio periodístico bajo alarma
Los periodistas y organizaciones gremiales en Nicaragua se alarmaron tras conocer el proyecto de ley anunciado esta semana de forma sorpresiva. El experto en temas de comunicación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, sostiene que el objetivo del gobierno es claro: censurar y que los medios críticos frenen sus operaciones.
“Es la cubanización de Nicaragua en temas de libertad de prensa y libertad de expresión. El artículo 30 es perverso porque claramente te habla de las noticias falsas a través de las tecnologías de la información", sostiene Medrano.
Por otro lado el periodista Octavio Enríquez, ganador del Premio Rey de España de Periodismo, advierte que Ortega se radicaliza cada vez más.
“Del estado policial de facto pasa a recetar cárcel a quienes piensan distinto. Cadena perpetua, castigar a 'agentes extranjeros' y ciberdelitos son el anuncio de una nueva embestida a la ciudadanía. La dictadura echa raíces”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.
![La Asamblea Nacional de Nicaragua está controlada por el oficialismo. [Foto Houston Castillo/VOA].](https://gdb.voanews.com/c17189e8-30fd-4309-9911-547871c15635_w250_r0.png)
Enríquez añade que por las actuaciones del mandatario sandinista “se puede deducir" que el presidente Ortega y su mujer, la primera dama, Rosario Murillo, "imaginan a un país donde nadie pueda decir nada, excepto sus acólitos”.
La periodista Lucía Pineda Ubau, ex presa política exiliada en Costa Rica advierte a la Voz de América que el objetivo de la ley es generar temor entre los periodistas y población en general, además comenta que es parte del control y vigilancia que quiere mantener Ortega.
Ubau manifiesta que un punto que le llamó la atención sobre la propuesta de ley, se encuentra en el artículo 44 en donde se habla de la extradición de quienes sean acusados por la justicia nicaragüense de violar la Ley de Ciberdelitos una vez aprobada.
“Algo que me llamaba la atención era la parte donde hablan de extradición, o sea la gente que ha estado en el exilio y que han estado en una condición de solicitud de asilo, si se expresan en redes sociales, les podrían abrir un juicio en Nicaragua”, dice Ubau.
“Creo que hay gobiernos democráticos en el mundo y no creo que le den cancha a las solicitudes que haga un gobierno dictatorial que persigue a sus ciudadanos”, añade.
Investigaciones periodísticas bajo amenazas
Además de dejar a discreción de las autoridades la determinación de lo que son noticias falsas, la iniciativa de Ley en el artículo 25, amenaza con cárcel a quienes -sin autorización- revelen información pública clasificada como reservada “y pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado, apoyándose en cualquier clase de las tecnologías y comunicación”.
Esto podría ser una herramienta muy útil para frenar las investigaciones periodísticas, las mismas que han develado actos de corrupción durante la administración de Ortega en la última década.
Una ley-mordaza
Mientras tanto, los activistas y organismos de la sociedad civil ven en la propuesta Ley “una continuación de lo que en la práctica ya estaba sucediendo”.
Yasser Morazán, activista en el exilio señala que “el régimen Ortega-Murillo, a través de diferentes iniciativas ha intentado por años imponer la ley del bozal sobre las redes sociales, pero nunca pudieron”.
“Las redes sociales han servido para promover ejercicios de desobediencia civil, boicot comercial dirigidos, campañas mediáticas, etc. Ha sido un territorio perdido por ellos, y así seguirá siendo, con o sin leyes, porque los nicaragüenses encontrarán los mecanismos para burlar dicha ley. Es la naturaleza propia de la libertad”, añade Morazán.
Morazán lamenta que Nicaragua se enrumba a la década de los años 80, “dado que las organizaciones de oposición, la comunidad internacional, los partidos políticos y el sector privado no tuvimos la capacidad de articularnos en un proyecto de resistencia civil nacional e internacional”.
El proyecto de ley ha sido presentado como un combo por Daniel Ortega, que semanas atrás anunció otras medidas en esta misma línea: reformas para establecer la pena de cadena perpetua y otra para regular los llamados 'agentes extranjeros', que amenaza con perseguir a corresponsales de medios internacionales y la cooperación de gobiernos externos con oenegés y partidos políticos.
Dichas reformas se dan en medio de un panorama polarizado por dos años de crisis sociopolítica en Nicaragua que han puesto en jaque a Daniel Ortega por primera vez tras su llegada al poder, hace más de trece años.
También agitan el panorama electoral de 2021 que se encuentra desde ya tenso por las amenazas públicas que ha hecho Ortega hacia sus detractores.
