La policía nicaragüense arrestó el martes por la noche a Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción (Banpro), el más grande del país, tras anunciarse una supuesta investigación en su contra por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y “pedir intervenciones militares contra el Gobierno de Daniel Ortega”.
Ambos “delitos” están penalizados en Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la legislatura de mayoría sandinista el año pasado.
Rivas se convierte en el primer empresario y actor no político en ser arrestado en una ola de detenciones recientes de líderes de la oposición y precandidatos presidenciales a menos de cinco meses que se celebren las elecciones generales.
Con el empresario ascienden a 14 el número de personas detenidas. A todos, a excepción de Cristiana Chamorro, se les investiga “por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación”.
También de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, así como “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
La resolución además instó al Gobierno a implementar medidas legislativas “y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen funcionamiento de observadores electorales de la OEA y de otros países”.
La oposición nicaragüense valoró como “positiva” la resolución de la OEA y agradeció el respaldo de los 26 países que votaron a favor para la aprobación del documento.
El gobierno de Ortega rechazó “enérgicamente” la resolución y la declaró “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para Nicaragua”.
![El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró el martes 20 de octubre de 2020 la 50 Asamblea General de la OEA, en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19.[Tomada de la web de la OEA]](https://gdb.voanews.com/6717dda0-4f4a-48b6-b5d7-7957f0f4e751_w100_r1.png)
A su vez defendió los procesos legales contra líderes opositores, empresariales y precandidatos afirmando que son “en pleno ejercicio de su soberanía nacional para su ordenamiento jurídico y sus leyes, las que paradójicamente fueron inspiradas en las legislaciones nacionales existentes en los países que se confabulan en la actualidad en contra la nación nicaragüense”.
“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, dijo el embajador de Managua en la OEA, Luis Alvarado.
Presión a empresarios data desde 2018
El arresto a uno de los principales directivos de la banca nicaragüense sube la escala a la presión que ha impuesto el presidente Daniel Ortega contra la empresa privada del país, que rompió relaciones con él desde la crisis sociopolítica de 2018.
Antes, Ortega mantuvo cercanía con el empresariado en el llamado “modelo de diálogo y consenso”, en el que se tomaban decisiones bilaterales para la nación.
Esto fue cuestionado por otros actores, como la exembajadora de Estados Unidos en Managua Laura Dogu, quien señaló en su discurso de salida del país que el futuro de Nicaragua era incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales.
“Antes de abril de 2018, cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra ni sufría la violencia de los países del triángulo norte”, dijo Dogu.
“La comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades”, añadió.
Pero el modelo de diálogo establecido entre el empresario y el Gobierno de Ortega finalizó al señalarlos de “golpistas” por pedir elecciones adelantadas en su momento en la crisis de 2018.
Posteriormente emprendió una persecución fiscal contra los empresarios, que fue escalando con movidas intimidatorias contra el gran capital.
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