El Parlamento de Nicaragua aprobó el martes una ley de ciberdelitos que según la oposición pretende controlar y censurar a medios de comunicación independientes y usuarios en las redes sociales que son críticos del presidente Daniel Ortega.
Hace menos de 15 días, la legislatura aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que establece espionaje en contra de las organizaciones no gubernamentales, según expertos consultados por la Voz de América.
La Ley de Ciberdelitos, o “Ley Mordaza”, como la ha llamado la oposición, incluye penas de dos hasta los ocho años de prisión para quienes el gobierno considere que comentan los delitos de “propagación de noticias falsas”, la divulgación de información confidencial de las instituciones del estado o el acceso no autorizado a las páginas web del gobierno, entre otras cosas.
El proyecto fue aprobado en el Parlamento, dominado por el sandinismo, con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones.
El diputado sandinista Carlos Emilio López, férreo defensor de la ley, dijo en el debate parlamentario que no se prohibirá el uso de las redes sociales, sino que se sancionará a quienes cometan los delitos estipulados en la ley.
“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difunden falsas noticias creando alarma, temor, zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público, la salud o la seguridad soberana”, declaró López, y mencionó una serie de supuestas noticias falsas divulgadas en abril de 2018, durante las protestas contra el gobierno.
Además, mencionó ejemplos de cómo, según él, “se mintió con cifras escandalosas” relacionadas al número de casos de coronavirus en Nicaragua durante el punto más crítico de la pandemia en a principios de este año.
López también dijo que la ley acabaría con supuestas amenazas vertidas “por los medios electrónicos digitales o cualquier otro medio de comunicación” contra de simpatizantes al gobierno. “Eso ya se acabó. Nunca más odio en las redes sociales”.
Otro diputado oficialista, José Antonio Zepeda, negó también que la ley está atacando la libertad de expresión, e indicó que él tiene “derecho como ciudadano a que se le informe correctamente y se me dé a conocer la fuente de la información que esté basada en verdad”.
Ley busca acallar a críticos
Sin embargo, el diputado Maximino Rodríguez, jefe de bancada del minoritario partido Liberal Constitucionalista (PLC), señaló a la VOA que la ley tiene objetivos claros y políticos de cara a las elecciones de 2021, donde la oposición tratará de poner fin a 13 años de gobierno de Ortega.
“Las pretensiones de la dictadura es que a través de leyes puedan sancionar a nicaragüenses que no estén de acuerdo con sus sistemas. Con esta ley pretenden atomizar, acallar a los opositores que quieran reclamar sus derechos como lo establece en la Constitución nicaragüense”, dijo Rodríguez.
La diputada opositora Azucena Castillo también criticó la ley, señalando que a través del Parlamento se busca crear un marco de represión para los opositores, amparándose de causas justas como los delitos que se cometen por medio de las redes sociales.
“Esta ley viene a crear un marco, junto con otras dos leyes, de represión. Los marcos tecnológicos ya tienen sus sensores para detectar anomalías, sin embargo, lo que aquí se busca es silenciar a la ciudadanía y a la oposición. Tiene nombre y apellido esta ley”, dijo Castillo a VOA.
La Ley de Ciberdelitos fue consultada la semana pasada por medios y periodistas oficialistas, quienes solicitaron todo el peso de la ley contra quienes insulten o se burlen del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en las redes sociales.
