La titular del Ministerio de Salud de Nicaragua, Martha Reyes, advirtió a la ciudadanía nicaragüense sobre el ingreso y circulación en el mercado de pruebas rápidas de COVID-19 que de forma ilegal se comercializan en el país, indicando que su uso no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud ni por las autoridades de salud de Nicaragua.
Reyes recalcó que la prueba de PCR en tiempo real es el único método aceptado para la identificación y confirmación de los casos del nuevo coronavirus, y argumentó que las pruebas rápidas “son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de COVID-19".
"Alertamos a la población para que no se dejen estafar por estas personas inescrupulosas”, dijo la funcionaria.
La advertencia llega en momentos en que el Ministerio de Salud continúa sin precisar la cifra de pruebas que han realizado en el país, ni entregan detalles del destino de unas 26.000 pruebas que fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para combatir la pandemia.
En Nicaragua las pruebas aplicadas por el Ministerio de Salud son genéticas que detectan el ARN del virus.
La bioanalista clínica y experta en biología molecular, María Celina Pérez, dijo a la Voz de América que las pruebas rápidas que andan circulando de forma ilegal, “están entrando por fronteras, por tierra, por puntos ciegos, pero han sido las pruebas que ha rechazado la Unión Europea, España, Francia".
La experta validó la advertencia de las autoridades al reiterar que "es muy riesgoso comprar pruebas que no tengan la certificación".
Pérez explicó que las pruebas rápidas se basan en detectar las proteínas de la sangre llamados anticuerpos, que el cuerpo produce días o semanas después de haber contraído una infección. El mismo enfoque es utilizado para el VIH, hepatitis, y muchos otros padecimientos.
A medida que la pandemia se iba expandiendo por Europa, algunos gobiernos recurrieron a China para conseguir productos sanitarios y pruebas rápidas que luego han tenido que desechar o devolver entre denuncias de problemas de fiabilidad.
Pérez considera que estos mismos productos podrían estar ingresando a Nicaragua, lo que pone en alto riesgo a la población del país. No quedó inmediatamente esclarecido el origen de las supuestas pruebas rápidas que estarían circulando en Nicaragua.
Los hospitales privados de la nación centroamericana han solicitado al Ministerio de Salud la autorización para importar kits de pruebas para el COVID-19 y así ayudar al sistema de salud a diagnosticar los casos pero, hasta la fecha, las autoridades han guardado silencio y los únicos habilitados para realizar las pruebas son los hospitales públicos.
Los especialistas médicos insisten en descentralizar las pruebas “los laboratorios privados tienen la capacidad técnica y los equipos, si el Ministerio de Salud diera la autorización pudiera ser más exacto y no hubiera sub registro en el país, y se llevaran mejores estadísticas. Eso también contribuiría a que la población no comprara estas pruebas ilegales”, recalco la bioanalista.
El 18 de marzo de 2020 el gobierno de Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19. Durante todo este período, según Martha Reyes, actual ministra de Salud, se han atendido y dado “seguimiento responsable y cuidadoso” a 1.910 personas y 1.489 se han recuperado.