La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dio a conocer este miércoles su valoración sobre la reforma del Código Procesal Penal aprobada en Nicaragua, la cual afirma es "contraria a la Constitución y los estándares internacionales".
La reforma aprobada, el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua de mayoría oficialista, a solicitud del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consiente la detención de un individuo entre 15 y 90 días mientras se lleva a cabo la investigación de “un presunto delito”. Cuando el tiempo estipulado hasta ahora era de 48 horas.
Para el organismo el retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención. “Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”, así lo escribió en su cuenta de Twitter.
OACNUDH, también asevera que la reforma “atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación contra uno”, añade.
El principal llamado al Estado de Nicaragua por parte del organismo es “revisar esta reforma y corregirla” para que “garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” y ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades.
Por su parte la Asamblea Nacional de Nicaragua, justificó la decisión de la reforma en una publicación en su portal web, en la que citó las palabras de la diputada Irma Dávila, que aduce que solo 48 horas es un plazo muy corto para una investigación.
Para Dávila ese tiempo “Choca con la realidad porque la Constitución dice que hay que presentarlo [al acusado] a la orden de la autoridad competente. Pero, la realidad demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica cuyo resultado no está en 48 horas”.
Los cambios hechos son parte de una serie de reformas que los opositores al gobierno de Ortega han catalogado como "paquete de leyes represivas" y que, en su opinión, se llevan a cabo en pleno año electoral para que éste pueda mantenerse en la presidencia.
