Ante las recientes medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses contra partidos políticos, candidatos y periodistas independientes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su inquietud de cara a los comicios del 7 de noviembre.
Bachelet dijo que ve con preocupación como Nicaragua se aleja de la posibilidad de realizar unas elecciones presidenciales “libres y genuinas”.
Nicaragua, aprobó recientemente una reforma electoral que, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “ignora las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional”, debido a que no incorpora “salvaguardas” que certifiquen la imparcialidad de las autoridades electorales.
![Fachada del Poder Electoral de Nicaragua. [Foto: VOA/Houston Castillo]](https://gdb.voanews.com/a1cf53ba-20f8-4659-b1bf-4b33b228b391_w100_r1.png)
En una nota de prensa, el organismo, mencionó que esa misma reforma, aprobada el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional nicaragüense, establece restricciones a la “libertad de expresión, reunión y participación política”, y ha sido usada para eliminar de la contienda a dos partidos políticos.
Para el organismo las acciones se han llevado a cabo, “con argumentos contrarios a las normas y estándares internacionales, y sin garantías procesales”, además, no se ajusta a las normas de derechos humanos.
Así mismo, Marta Hurtado, portavoz de la institución hizo énfasis y mostró preocupación por la acusación contra una de las principales precandidatas a la presidencia, Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero.
Según Hurtado, el señalamiento hecho contra Chamorro, bajo el amparo de una ley aprobada en julio de 2018, “suscita la preocupación general de que pueda utilizarse para silenciar la disidencia.
Las acusaciones hacia Chamorro incluyen un supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales, por lo que enfrenta la posibilidad de una condena penal o de su inhabilitación como candidata.
El organismo, además advirtió que la Policía Nacional ha incrementado sus acciones para “restringir” los movimientos de otros líderes de la oposición.
Todas las acciones emprendidas por la Administración de Daniel Ortega, de acuerdo con el organismo, “podrían llevar a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, sin el debido proceso, no sólo socavan el derecho a presentarse a las elecciones de los aspirantes, sino también el derecho de los votantes a elegir a los candidatos de su preferencia”.
