Con un pronunciamiento oficial, unas 54 organizaciones provenientes de partidos políticos, la diáspora nicaragüense y empresarios entre otras, expresaron su rechazo y desacuerdo a las reformas electorales promovidas desde el Ejecutivo previo a las elecciones del 7 de noviembre.
El bloque opositor aglutinado en la Coalición Nacional (CN) y la Alianza Ciudadana (AC) afirman que las reformas presentadas por el Frente Sandinista buscan evitar que el pueblo de Nicaragua “elija a sus autoridades libremente” a través del voto.
De acuerdo con el documento los cambios propuestos no incorporan “las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano, sino que, por el contrario, la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales”.
Las reformas mencionadas fueron presentadas a inicios de semana por diputados del Frente Sandinista que conforman una Comisión Especial del Parlamento, e incluye una ley, ya aprobada en diciembre, que prohíbe postularse a cualquier ciudadano que "incite a la injerencia extranjera y aplauda las sanciones contra Nicaragua".
El texto hace así referencia a los opositores al poder que apoyan las sanciones internacionales, principalmente estadounidenses, adoptadas en los últimos años contra una treintena de miembros del gobierno acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Estas sanciones se impusieron después de la violenta represión de las protestas antigubernamentales en 2018, que dejaron más de 300 muertos y que el gobierno atribuye a un intento de golpe de la oposición.
El proyecto de reforma también quiere evitar que se postule cualquier ciudadano miembro de una organización que reciba fondos del exterior, tema que ya es objeto de una controvertida ley sobre "agentes extranjeros" aprobada en 2020.
El texto también quiere fortalecer el control del partido del presidente Ortega sobre los consejos electorales instalados en los departamentos y municipios durante el proceso electoral.
Las reformas han sido descritas por los grupos opositores como un nuevo atentado contra la democracia y exigen unas reformas electorales en concordancia con las planteadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) “en su resolución del 21 de octubre de 2020” y que tienen como plazo el próximo mes de mayo.
Entre algunos de los cuestionamientos a las reformas están, según los opositores, las restricciones a las libertades políticas, que no se instituye la depuración al padrón electoral, ni la observación internacional; además de inhibir posibles candidaturas a través de las leyes aprobadas, entre otros aspectos.
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