Un día antes de cumplirse el plazo establecido por el gobierno del presidente Daniel Ortega para que las personas naturales y jurídicas consideradas como “agentes extranjeros” se registraran ante el Ministerio de Gobernación, una importante organización ha anunciado su cierre en Nicaragua.
La poeta Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua, una organización que impulsa el estímulo de la lectura y el apoyo a los escritores nacionales, anunció en un comunicado que cancelan las operaciones en el país debido a la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”.
En una carta pública, Belli señaló que la ley de Agentes Extranjeros, con sus “infinitos requisitos”, les exigiría un personal del que aseguran carecer.
Además, Belli mencionó que desde 2018, cuando se estalló la crisis sociopolítica en el país, pese a que presentaron en regla los documentos solicitados ante las autoridades correspondientes, no se les extendió certificación por parte del Ministerio de Gobernación, como les sucedió a varias ONG.
“Con esto perdimos la posibilidad de optar a proyectos y nuestra cuenta bancaria fue cancelada. PEN Nicaragua desde entonces ha funcionado al mínimo, haciendo un esfuerzo voluntario para continuar en 2020 con los LibroForos, que siguieron siendo muy bien recibidos por el público”, lamentó Belli.
Por otro lado, PEN Nicaragua rechazó ser catalogados como agentes extranjeros.
“Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país. Por estas razones, la Junta Directiva que presido y la Asamblea de miembros, hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua”, dijo Belli.
El Ministerio de Gobernación estableció este viernes 5 de febrero como la fecha máxima para que los “agentes extranjeros”, como les llamó la ley aprobada por el oficialismo en 2020, se inscribieran para reportar ingresos que reciban del exterior.
De no hacerlo, el lunes se estaría iniciando imponer sanciones, que van desde multas millonarias, hasta cancelaciones de personería jurídica.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció, por su parte, que durante el proceso de inscripción como Agentes Extranjeros, hubo limitaciones que han venido documentando para poder registrarse como tal.
La CPDH es la última organización existente con personería jurídica en el país, tras el cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en diciembre de 2018.
“CPDH utilizará todos los recursos legales y formales para que se nos respete el derecho de asociación y el respeto a defender derechos. Estamos informando a los organismos internacionales de derechos humanos de todas y cada una de las gestiones que estamos realizando al respecto”, dijo la organización en conferencia de prensa.
Rechazo por parte de otras organizaciones electorales
Por otro lado, otras organizaciones, como el nicaragüense Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT), rechazaron la Ley de Agentes Extranjeros y anunciaron que no se inscribirán como tales pues “no es objeto de dicha ley o reglamento”.
Según un comunicado, la organización expresó que desde la entrada en vigencia de la ley, esta fundación decidió que hará sus labores usando exclusivamente donaciones de personas en Nicaragua.
“Para observar las elecciones generales en noviembre 2021, contamos como recurso fundamental las enormes donaciones de tiempo y esfuerzo de la red de voluntarios, todos nacionales y una recaudación entre los miembros de la asamblea por 15.000 dólares, suficientes para acometer la tarea de observación bajo las actuales condiciones”, señaló la organización.
Ética y Transparencia surgió en 1996 como un organismo de observación electoral sin fines de lucro y sin filiación partidaria, donde convergieron un grupo plural de profesionales, académicos y empresarios nacionales como miembros del Consejo Directivo de la naciente institución, detalla su sitio web.
Otras organizaciones han anunciado cierres
Con la salida de PEN Nicaragua serían dos las organizaciones que anuncian el fin de operaciones en el país centroamericano. Meses atrás, la ONG sueca We Effect anunció el cierre de sus operaciones en Nicaragua “con efecto inmediato” después de 35 años, debido a la polémica ley de regulación de agentes extranjeros.
“We Effect terminará sus operaciones en Nicaragua con efecto inmediato. La decisión es consecuencia de la nueva legislación que obliga a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento de organismos internacionales a registrarse como agentes extranjeros”, explicó la secretaría general de We Effect, Anna Tibblin, en una declaración.
La Ley de Agentes Extranjeros es parte de una combinación de legislaciones aprobadas por el oficialismo en 2020 con el fin, según opositores y organizaciones de la sociedad civil, de paralizar y espiar económicamente a todos los que opongan al mandatario sandinista.
“Yo creo que la intención del régimen Ortega-Murillo es evidente. Quieren controlar a las organizaciones de la sociedad civil, controlar a la prensa independiente, controlar a las oenegés nacionales e internacionales de tal manera que resuelven dos cosas: reforzar la censura e impedir a ciudadanos nacionales que se organicen, que se expresen libremente y quieran optar en el ejercicio de sus derechos en un cargo de elección popular”, explicó a la Voz de América la socióloga María Teresa Blandón, quien dirige la oenegé La Corriente.
