El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares llamó el miércoles a consultas a la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández, luego de una nota emitida ayer por el gobierno del presidente Daniel Ortega en la que se realizaban “graves e infundadas acusaciones” contra dicha nación.
Los señalamientos mencionados por España se dieron este martes por medio de una nota diplomática de la Cancillería de Nicaragua, en la que acusaba a la nación europea de “hipócrita y falaz”, luego de que este país reaccionara a la cancelación de la personalidad jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) y urgiera a que en Nicaragua exista “una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido de en el gobierno”.
“La infamia no puede ocultarse con bravuconerías, disfrazándose de jueces, que ni son, ni pueden ser, ni nadie ha convocado, porque carecen de autoridad moral, o respeto, ante tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena”, reza la nota diplomática emitida por Managua el martes.
España, por su parte, rechazó “de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exigió “que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política”.
A su vez, España recordó que Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años y que se ha agudizado en las últimas semanas.
Finalmente indicó que las decisiones adoptadas por el gobierno de Ortega “para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados”.
La crisis diplomática de Nicaragua y España se da tan solo unos días después que el gobierno de Ortega retirara a sus representantes en México, Argentina, Colombia y Costa Rica luego de acusarlos de “injerencistas” por demandar un proceso electoral competitivo y transparente.
El anuncio lo hizo la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, quien aseguró que esto es una posición de “dignidad, decoro nacional y de soberanía”.
Nicaragua también ha arremetido contra Washington, acusándolo -sin pruebas- de “interferir en los comicios presidenciales” previstos para este 7 de noviembre y de supuestamente encabezar acciones para “boicotear” el proceso.
Por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llamado en reiteradas ocasiones a que se respete el Estado de derecho en Nicaragua y la independencia de poderes los cuales están cooptados por el gobierno de Ortega, quien se encuentra en el poder desde hace más de 14 años y que ahora busca una nueva reelección junto a su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo.
“El régimen Ortega-Murillo ha socavado sus compromisos internacionales, incluidos los de la Carta Democrática Interamericana, así como los derechos del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus propios líderes. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos, que solo privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de un gobierno representativo y prosperidad económica”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado el pasado 7 de agosto.
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