Una resolución sobre Nicaragua aprobada el miércoles por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Daniel Ortega, opinó el analista político Bosco Matamoros.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de ese año.
“Los discursos que se pronunciaron muestran que el trayecto de la estrategia de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando”, dijo Matamoros a la Voz de América.
“Las implicaciones son muy serias: ¿quiénes son los países que respaldan a Daniel Ortega? Este es un aislamiento total”, agregó.
La propuesta de resolución fue presentada el lunes ante la Asamblea General por Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y el gobierno interino de Venezuela.
La resolución insta a “que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021".
Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo que el documento presiona también a la oposición, para “redoblar esfuerzos por continuar incrementando la presión interna y la organización territorial”.
La resolución sobre Nicaragua reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas y exhorta al gobierno de Nicaragua “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
También pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, y por ello insta a que el Gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprende observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.
Sin embargo, Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales, y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como ‘revanchista, ilegal y maquiavélica’ a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
“Estos países no tienen capacidad moral para venir a cuestionar a Nicaragua, cuando tienen situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tienen atravesada”, dijo el diplomático.
En tanto, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó “de manera firme y categórica” la inclusión de la propuesta de resolución en el temario de la Asamblea General, aduciendo que violenta la soberanía de los países e irrespeta las decisiones internas.
Un memorando de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace tres años por el Gobierno de Nicaragua y la OEA, perdió validez el 28 de febrero de este año, y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales.
El documento, firmado entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Ortega, con vigencia de tres años, prorrogables, establecía acuerdos de cooperar en las áreas político electoral e institucional. Sin embargo, nunca se conocieron sus avances.
