Después de que el Gobierno de El Salvador confirmara la expulsión de ese país del editor del medio digital El Faro, Daniel Lizárraga, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la acción contra el periodista de origen mexicano.
La organización publicó en un comunicado de prensa que considera que la medida “se trata de una represalia y un nuevo ataque contra el periodismo independiente” por parte de la Administración del presidente Nayib Bukele.
Autoridades migratorias salvadoreñas informaron el miércoles a Lizárraga, reportero mexicano y coautor de la investigación 'La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto', que tenía cinco días para abandonar El Salvador ya que no se podía confirmar que su profesión era la de periodista.
Sin embargo, Carlos Dada, fundador y director de El Faro, dijo que el medio digital se encontraba tramitando el permiso de trabajo del periodista. Dada publicó en su cuenta de Twitter que la acción contra Lizárraga es “es grave pero no sorpresiva”.
"Con este tipo de acciones, se busca hostigar a periodistas y medios independientes. Se trata de enviar un mensaje alto y claro de que el Gobierno no está dispuesto a ser cuestionado", expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Por su parte el presidente Bukele, sin hacer alusión a un caso en concreto, pero publicando imágenes de dos experiodistas que luego fueron presidentes de El Salvador, tuiteo que “El Salvador se cansó de los periodistas metidos en política”.
La expulsión de editor de El Faro también generó reacciones entre los miembros de la Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador, quienes denunciaron además ataques contra miembros de la prensa y prensa independiente por parte del Estado Salvadoreño.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, pidió al presidente Nayib Bukele “y a sus funcionarios que cesen este tipo de ataques”.
La APES denunció que en los últimos tres días periodistas de diferentes medios de comunicación han enfrentado declaraciones “estigmatizantes, agresiones físicas y expulsión del país” solo por ejercer su profesión.
A inicios de año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de toda la redacción del periódico digital El Faro por su "situación de gravedad y urgencia de riesgo". La SIP instó entonces a la CIDH a extender el recurso a otros medios y periodistas hostigados por el gobierno.
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