Para el resultado de la carrera presidencial de este año, será el conteo de votos en la noche de las elecciones y posiblemente en los días posteriores lo que captará la atención del público. Pero esas cifras no son oficiales hasta que se certifique formalmente la elección, un proceso que antes transcurría sin incidentes y que se ha politizado desde que el entonces presidente Donald Trump intentó revertir su derrota en su intento de reelección hace cuatro años.
Trump presionó sin éxito a sus compañeros republicanos en una junta dividida en partes iguales que debía aprobar el voto de Michigan para no certificar su derrota en el estado.
El 6 de enero de 2021, ordenó a sus partidarios que marcharan al Capitolio e impidieran que el Congreso diera el paso final para certificar que el demócrata Joe Biden había ganado la presidencia.
Este año, los aliados de Trump han preparado el escenario para tratar de bloquear la certificación si Trump pierde ante la demócrata Kamala Harris. La mejor manera de pensar en la certificación es como un proceso de tres pasos.
Todo comienza con los gobiernos locales, como los condados. Luego pasa a los estados, que suman todos los totales locales para certificar al ganador y designar a los compromisarios o votantes colegiados presidenciales. Por último, el Congreso certifica efectivamente los votos de esos compromisarios o votantes colegiados.
El proceso puede parecer abrumador, especialmente a nivel local. La mayoría de las miles de jurisdicciones electorales individuales del país —muchas de las cuales han sido tomadas por partidarios de Trump— tienen que certificar oficialmente sus conteos de votos antes de que un estado pueda certificar a un ganador. Si uno solo de esos condados se niega a certificar, podría impedir que el estado concluya el proceso.
Los expertos en Derecho dicen que no existe un riesgo legal verdadero de que los aliados de Trump puedan revertir una derrota si se niegan a certificar a nivel local. Décadas de jurisprudencia sostienen que los funcionarios locales no tienen otra opción sino certificar los resultados electorales. Cualquier problema potencial con el recuento de votos puede impugnarse en los tribunales, pero no ante las juntas y comisiones que tienen la tarea ceremonial de certificar los conteos de votos y transmitirlos al estado.
Los partidarios de Trump han intentado bloquear los resultados electorales en Arizona, Michigan y Nuevo México desde 2020 al negarse a certificarlos, solo para verse obligados por los tribunales a concluir el proceso, o a dar marcha atrás a sus esfuerzos bajo presión legal.
La idea de que una única junta podría detener a un estado si se niega a certificar es “esta fantasía loca que ha fusionado a la derecha y a la izquierda”, dijo Derek Muller, profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame.
En 2020, Trump se centró intensamente en conseguir que los líderes estatales republicanos se negaran a certificar sus derrotas y enviaran su propia lista de compromisarios o votantes colegiados al Colegio Electoral. Eso fracasó en todas partes.
En 2024, cuatro de los seis estados que no tienen una tendencia política definida donde Trump impugnó su derrota están liderados por gobernadores demócratas. En los otros dos, los gobernadores republicanos no parecen dispuestos a aceptar un posible intento de Trump de detener la certificación. Brian Kemp, de Georgia, desafió a Trump en 2020, y Joe Lombardo, de Nevada, fue elegido en 2022 con votos de demócratas.
El último paso en el proceso de certificación es en el Congreso el 6 de enero. Una vez que los estados han certificado a sus ganadores y seleccionado a sus compromisarios o votantes colegiados, y esos compromisarios o votantes colegiados han emitido sus votos para presidente, la Constitución requiere que el Congreso cuente formalmente esos votos.
Eso es lo que Trump y sus partidarios intentaron aprovechar en 2020 al argumentar que el Congreso podía optar por rechazar los votos del Colegio Electoral de los estados donde no confiaban en el recuento de votos.
Incluso después del asalto al Capitolio, una mayoría de republicanos de la Cámara de Representantes —139 de ellos— y ocho senadores republicanos votaron para rechazar a los compromisarios o votantes colegiados de Biden de Pensilvania. Esos no eran suficientes votos para cambiar el resultado de la elección, pero es una señal de que podrían intentarlo de nuevo si Harris gana.
Una mayoría bipartidista en el Congreso no solo confirmó la victoria de Biden en 2020, sino que luego modificó la ley que rige cómo el Congreso certifica una elección presidencial para que sea mucho más difícil rechazar los votos del Colegio Electoral. Si Harris gana, veremos si esa mayoría aún se mantiene el 6 de enero para confirmar su victoria.
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