La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes un juicio político impulsado por la oposición contra el presidente, Sebastián Piñera, tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas.
La acusación fue aprobada por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones y ahora deberá ser tramitada por el Senado, que tiene facultades para destituir al mandatario, que fue acusado de infringir la Constitución y las leyes y de comprometer el honor de la nación por supuestamente favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato (2010-2014). Los senadores tienen un máximo de seis días para iniciar la tramitación.
La oposición de centroizquierda necesitaba 78 votos de los 155 del pleno para admitir el juicio político y aunque tiene 83 votos en la Cámara, varios votaron en contra.
Para alcanzar los sufragios que necesitaban, el socialista Jaime Naranjo, presentador de la acusación, leyó por 14 horas una serie de documentos sobre el tema para hacer tiempo hasta que llegara a la sala el diputado Giorgio Jackson, quien estaba en cuarentena y debió esperar hasta la medianoche del lunes, cuando concluía su confinamiento por ser contacto estrecho de otro parlamentario contagiado con COVID-19, para trasladarse a la sede del Congreso.
“Hay gente que cree que lo ocurrido ayer y hoy en esta Cámara es vergonzoso, pero yo creo que lo vergonzoso es tener un presidente que especula”, con los negocios, dijo Jackson poco antes de sufragar.
Su colega oficialista Andrés Molina señaló que, “hemos visto una sesión que a mí, en lo personal, me da vergüenza (...) aquí nadie escuchó nada. Una vez más hemos dado un tremendo espectáculo”.
“Hemos visto un show político, un show mediático, es triste para la democracia”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan José Ossa, tras conocerse la admisión del juicio político contra Piñera.
El gobierno y varios diputados oficialistas criticaron que el parlamentario opositor Jorge Sabag, que está a la espera del resultado de un PCR acudiera al Congreso, al que entró por un costado para evitar a las autoridades sanitarias que lo esperaban en la puerta. Le habían indicado que se aislará hasta conocer si el examen es positivo o no.
Ya en la madrugada del martes intervino por más de cuatro horas el defensor de Piñera, el abogado Jorge Gálvez, que dijo a al pleno que, “le asiste el deber de partir investigando, no puede partir por deducir una acusación constitucional que no ha investigado”.
La oposición necesitará el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan.
La acusación de 16 diputados izquierdistas surgió luego de que se dieran a conocer los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que reveló negocios en paraísos fiscales de más 300 personas, entre ellas Piñera.
Entre millones de documentos hay un contrato de venta de una propiedad de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas firmado en diciembre de 2010, que condicionaba el pago de la última cuota de un negocio minero y portuario a que la zona donde se instalara no fuera declarada de exclusión, parque o reserva natural, decisión que dependía de Piñera, quien llevaba nueve meses de su primer gobierno (2010-2014). El mismo año el mandatario reubicó una termoeléctrica que se levantaría en la misma área del proyecto familiar vendido.
Por la misma información la Fiscalía Nacional inició una investigación a Piñera para establecer si hay posibles delitos de cohecho, soborno o fiscales, cometidos por acción u omisión. Piñera afirma que no se enteró de la venta hasta que concluyó su gobierno, que se pagaron en Chile todos los impuestos y que los hechos ya prescribieron.
“No hay prescripción en la comisión de ilícitos constitucionales”, dijo Naranjo.
Esta es la segunda ocasión en que se plantea enjuiciar políticamente a Piñera durante su actual mandato. La primera fue a fines de 2019, cuando fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de un violento estallido social. Piñera esgrimió que la acusación no cumplía los requisitos constitucionales pertinentes, lo que fue acogido por la mayoría de los diputados.
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