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Chile: Empieza juicio a banda ligada a organización criminal venezolana


ARCHIVO - Un coche de policía patrulla para informar a la gente sobre la ubicación de las zonas de seguridad después de una fuerte réplica en Arica, Chile, la madrugada del jueves 3 de abril de 2014.
ARCHIVO - Un coche de policía patrulla para informar a la gente sobre la ubicación de las zonas de seguridad después de una fuerte réplica en Arica, Chile, la madrugada del jueves 3 de abril de 2014.

Un tribunal al norte de Chile inició juicio oral contra integrantes de Los Gallegos, uno de los brazos armados de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua.

Un tribunal de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, inició el lunes el juicio oral contra decenas de integrantes de la banda Los Gallegos, uno de los brazos armados de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua con operaciones en territorio chileno.

Con más de 150 testigos y 38 acusados, el juicio arrancó en las instalaciones del Tribunal Oral en lo Penal de Arica y se celebrará de forma telemática, informó a través de Facebook la página oficial del Poder Judicial de Chile.

En este juicio, de características únicas hasta ahora y que supone el primer gran golpe contra el crimen organizado en el país, serán enjuiciados 34 venezolanos y cuatro chilenos.

Los acusados responderán individualmente por una serie de delitos que incluyen secuestro, trata de personas, explotación sexual, homicidio, extorsión y tráfico de armas y drogas, entre otros. Para 11 de ellos la Fiscalía pide la prisión perpetua, en tanto que para el resto reclama condenas que, juntas, suman más de 200 años de cárcel.

La Fiscalía de Arica detalló a periodistas que del total de los imputados, 29 son hombres y nueve son mujeres y adelantó que, a lo largo del juicio serán escuchados más de 150 testigos.

Asimismo, la acusación cuenta con más de 60 informes policiales y más de 140 teléfonos intervenidos y analizados, así como peritajes de armas de fuego presuntamente utilizadas por el grupo y de cuadernos de contabilidad donde asentaban sus finanzas.

Se trata del proceso judicial más complejo de los últimos años en el país suramericano, puesto el alto nivel de peligrosidad de los implicados y que, por lo tanto, ha movilizado fuertes medidas de seguridad en la ciudad.

Las diligencias empezaron en medio de tensión, o como definió el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, con una “tensa calma”, luego de unos embates judiciales sobre la celebración presencial o telemática del juicio que puso en estado de alerta a los habitantes de la localidad portuaria.

La Corte de Apelaciones chilena había autorizado que 19 de los acusados, que se encuentran recluidos en diferentes cárceles del país, acudieran de forma presencial a las audiencias, una decisión que fue revocada temporalmente el pasado viernes por la Corte Suprema ante las diversas solicitudes por parte de la Fiscalía y del gobierno regional para que reviertiera la medida.

Sin embargo, la justicia analiza otros recursos interpuestos que podrían permitir las sesiones presenciales, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades por el alto riesgo de fuga y posibles represalias por parte de los acusados.

Este lunes el tribunal escuchó la lectura de los antecedentes y las acusaciones que pesan contra los 38 miembros de Los Gallegos, en la primera jornada de un juicio que se extenderá por varios meses.

Hasta ahora sólo se han abordado “los hechos de la acusación, que ahora tenemos que probar en los meses que viene”, precisó el fiscal.

El clan de Los Gallegos es un tentáculo de la banda criminal Tren de Aragua que rompió las fronteras y pasó a actuar como un brazo armado del grupo en el extremo norte de Chile, que a su vez experimenta una proliferación del crimen organizado.

El Tren de Aragua, por su parte, es considerada la estructura criminal más grande y poderosa de Venezuela y es una de las pocas que ha conseguido consolidarse en el extranjero, con presencia en diversos países como Colombia, Perú, Chile y, en menor medida, Bolivia, Ecuador y Brasil, de acuerdo con los datos de la organización no gubernamental InSight Crime y del gobierno de Estados Unidos.

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