El presidente chileno Sebastián Piñera afirmó el miércoles que un juicio político en su contra, impulsado por la oposición de centroizquierda, carece de fundamentos y expresó su confianza en que el Senado lo absolverá la próxima semana del cargo de supuestamente colaborar en la venta de una propiedad familiar.
El Senado es el único poder en Chile que constitucionalmente puede destituir a un mandatario, para lo cual se necesitan 2/3 de los votos.
Tras un acto público para promulgar una ley que crea un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, el mandatario se refirió por primera vez al tema luego de que en la víspera la Cámara de Diputados admitió la acusación que afirma que infringió la Constitución y comprometió el honor de la nación.
“Hemos concluido que la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados... no tiene fundamento ni en los hechos ni en el derecho”, dijo Piñera.
El Senado se reunirá el próximo martes en una sesión que no tiene hora de término para votar si el mandatario es culpable o inocente. La oposición necesita de 29 de los 43 votos del pleno para removerlo. Sólo tiene 24 y se estima que no reunirá los cinco faltantes. La sesión podría ser casi tan larga como la de la Cámara de Diputados, que entre intervenciones y votaciones se prolongó por más de 20 horas. Se inició el lunes y terminó el martes.
Piñera sigue en funciones, aunque está impedido de abandonar el país a la espera de la crucial decisión. Si es destituido, el ministro del Interior deberá convocar al Congreso para que elija a su sucesor entre cualquier ciudadano, el que deberá completar su mandato que concluye el 11 de marzo de 2022.
Chile elegirá un nuevo presidente para el período 2022-2026 en elecciones previstas para el 21 de noviembre próximo, y quien sea electo recibirá el mando de Piñera o de su reemplazante.
Luego de conocidos a comienzos de octubre los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que develó negociados de unas 300 personas en paraísos fiscales, incluido Piñera, 16 diputados opositores presentaron la acusación el 13 del mismo mes.
Entre los documentos había un contrato sobre la venta en 2010 de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba el pago de la última cuota, un año después, a que en la zona donde se instalará no sea declarada de exclusión, parque o reserva nacional. El pago sí se realizó.
Piñera, que asumió su primer mandato en marzo de 2010, reubicó una termoeléctrica que se levantaría en la misma área del proyecto minero y portuario sólo cuatro meses antes de que se firmara su venta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
El mandatario afirma que no conoció la venta hasta concluido su mandato, en marzo de 2014, que los hechos están prescritos y que fue sobreseído en 2017 de cualquier delito tras una investigación judicial sobre gestiones de sus empresas.
Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero se abrió a fines de 2019, cuando fue acusado por la oposición de las violaciones a los derechos humanos durante la represión policial de masivas protestas. Fue desechada antes de ser tramitada porque una mayoría de diputados votó que no cumplía los requisitos para que siguiera su curso.
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