La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA), mostraron su “alarma” por la poca información existente sobre la pandemia por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
Ambos organismos apuntaron, a través de un comunicado conjunto, que no existe “una respuesta de salud pública por parte de las autoridades del país enfocada en adoptar medidas preventivas y eficaces” para frenar los contagios de COVID -19.
Además, citaron que no existe por parte del gobierno nicaragüense “información de la pandemia”.
Los organismos señalaron la disparidad que existe entre los datos que manejan las autoridades de salud del gobierno y el grupo interdisciplinario Observatorio Ciudadano de Nicaragua.
Mientras que cifras del Observatorio Ciudadano muestran que las muertes atribuidas a COVID-19 llegan a las 190 o 200 por semana, el Ministerio de Salud (MINSA) sostiene que, desde el inicio de la pandemia, solo hay una persona fallecida semanalmente.
La Comisión y REDESCA recordaron la obligación del Estado de “permitir y asegurar el acceso de las personas a la información pública, la cual adquiere especial relevancia en condiciones en que dicha información supone herramientas para el ejercicio de los derechos a la salud, a la integridad y, eventualmente, a la vida, en la actual situación de pandemia global”.
Bajos índices de vacunación
Ambas instituciones mostraron su preocupación por los bajos índices de vacunación que presenta Nicaragua en comparación con otros países de la región, pese a contar con la infraestructura necesaria.
“Nicaragua se encuentra con la capacidad instalada para vacunar, como mínimo, a 150.000 personas al día, de acuerdo con información pública, la presente campaña de vacunación no estaría cumpliendo con estas expectativas”, cita en un comunicado de prensa la CIDH.
A inicios de semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que Nicaragua es uno de los dos países en América Latina que están muy por debajo en los números de vacunación “con registros de un solo dígito”.
El país centroamericano, según datos de la universidad Johns Hopkins, solo ha inoculado al 8,6% de la población.
El modelo de vacunación contra el COVID-19 implementado solo contempla la inmunización de 2,8 millones de personas, mayores de 30 años, que representa el 32% de una población de más de 6 millones de habitantes.
Tanto la CIDH como REDESCA instaron al Estado nicaragüense a acelerar el proceso de vacunación y “tomar acciones concretas” para prevenir el contagio masivo del virus. También condenaron “los continuos actos de hostigamiento, acoso y persecución” por parte del gobierno de Daniel Ortega contra los trabajadores de la salud por realizar su trabajo.
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