Una semana después de su primera visita a Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció el viernes sobre la situación en el país, condenando un “uso excesivo de la fuerza” por parte del estado en las manifestaciones que comenzaron a mediados de octubre.
En un comunicado, la CIDH manifestó su “su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos” en el país. Así, el organismo se suma a la lista de entidades como Humans Right Watch y Amnistía Internacional que han condenado la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
Según la CIDH, 26 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, de estas al menos cinco “habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros”.
La comisión también hace eco de las 2.670 denuncias de violaciones a los derechos humanos por arte de agentes del Estado chileno, las cuales incluyen 44 casos de tortura y 26 por violación o abuso sexual.
“[La CIDH] expresa su preocupación por las características de dichas vulneraciones, que apuntarían hacia la existencia de conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes”, de acuerdo con el comunicado.
El Colegio Médico de Chile ha recibido 23 casos de traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas. Amnistía Internacional denunció en un informe a finales de noviembre que estos ataques son producto de una “intención clara” por parte de la policía chilena de “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta”.
El presidente chileno, Sebastian Piñera, admitió el 17 de noviembre que “en algunos casos” hubo un uso excesivo de la fuerza hacia los manifestantes, gesto que fue mencionado por la CIDH en su comunicado.
“La CIDH saluda el compromiso anunciado por el Presidente de la República para que estos casos sean debidamente investigados, juzgados y sancionados”, escribió el organismo.
Las movilizaciones sociales en Chile, que comenzaron hace más de un mes, son las más graves desde que el país volvió a la democracia en 1990. El clamor social, que comenzó por la subida del precio del billete del metro, se transformó en una demanda popular en contra del modelo económico, la desigualdad y la represión por parte del gobierno.
