La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las protestas violentas en Perú, al tiempo que llamó a las instituciones del país andino a entablar “un diálogo serio, amplio e inclusivo” como base crucial para preservar "la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos”.
El conteo de fallecidos en las protestas que iniciaron el viernes ha subido en las últimas horas a al menos siete, a la vez que se han registrado detenciones, agresiones contra periodistas y uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) lamentan también que se han registrado agresiones contra periodistas en diferentes grados.
“Se han documentado agresiones contra la prensa en el ejercicio de la cobertura periodística de las protestas. Se habrían registrado al menos 11 episodios de ataques que incluyen agresiones verbales y físicas, hostigamientos e impedimento de cobertura. Un total de 21 periodistas habrían sido víctimas en un escenario de intensos discursos estigmatizantes contra el periodismo”, advirtió la instancia regional rectora de derechos humanos, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según el organismo, la mayoría de agresiones contra la prensa “serían atribuibles a personas manifestantes”, aunque la CIDH también ha registrado que al menos dos periodistas “habrían sido agredidos por agentes policiales”.
La Comisión considera que la situación amerita la máxima observancia y el compromiso de las instituciones democráticas para garantizar los derechos fundamentales de la población.
“La CIDH y su RELE recuerdan al Estado su deber de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con miras a reducir la letalidad policial; al tiempo de resaltar que la limitación del derecho a la protesta con base en un presunto carácter no pacífico debe estar dirigida específicamente a personas que cometan actos de violencia", dijo el organismo con sede en Washington, EEUU.
La organización también llamó a realizar investigaciones exhautivas y diligentes por todo tipo de acto de violencia cometido en el marco de la crisis.
El proceso en contra del expresidente Pedro Castillo, cuyo intento de disolver el Congreso y alterar el sistema de justicia del país le valió una destitución por mayoría absoluta en el Parlamento y elevó a la vicepresidenta Dina Boluarte al puesto de jefa de Estado, ha desatado manifestaciones contra el nuevo gobierno y el Congreso por parte de los seguidores de Castillo.
“Su detención y las investigaciones preliminares que adelanta el Ministerio Público llaman al Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida. Al mismo tiempo, se toma nota de los mensajes emitidos por la presidenta, Dina Boluarte, haciendo un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y la paz social, así como un anuncio a la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024”, dice la CIDH.
En un comunicado oficial difundido la noche del lunes, mientras tenían lugar violentas protestas en varias regiones del país, Boluarte afirmó que su administración está comprometida con salir de la crisis y reestablecer el orden por las vías democráticas.
“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, puntualizó.
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