Ecuador debe adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida en las cárceles, que son frecuente escenario de violentas matanzas y están bajo el control del crimen organizado, aseguró el martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un comunicado publicado en X, antes Twitter, el organismo señaló su "preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles" ecuatorianas y convocó al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas bajo su custodia, "investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables".
Entre enero de 2020 e inicios de diciembre de 2024, la CIDH registró al menos 591 muertes de presos debido a "la violencia intracarcelaria", de las cuales 37 ocurrieron el año pasado, además de cientos de heridos, entre ellos agentes penitenciarios.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos.
Las policía sostiene que en las prisiones hay sangrientas disputas entre bandas locales que pugnan por controlar rutas de exportación y distribución de drogas y que están relacionadas con cárteles de narcotráfico de México y Colombia.
Reconocen que hay menos incidentes
La CIDH reconoció la "disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales" en los centros de privación de libertad, donde en 2021 se registraron 316 asesinatos y en 2023 un total de 67.
Una de las cárceles más violentas es la Penitenciaría del Litoral, un complejo de prisiones en Guayaquil. En ese lugar de produjo a fines de 2021 la matanza de 122 personas, la más grande y violenta en el sistema penitenciario ecuatoriano, mientras que en noviembre del año pasado fueron asesinados allí 15 presos.
Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, explicó la CIDH, están la ausencia de control por parte del Estado, los sistemas de autogobierno de los reclusos, la corrupción y el insuficiente personal de seguridad.
Para hacer frente a la situación de violencia en las cárceles y en las calles el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero del año pasado el estado de conflicto armado interno en todo el país y ha emitido decretos estableciendo estados de excepción que permiten el control conjunto de militares y policías.
La CIDH convocó al gobierno a contar con políticas públicas en materia de seguridad que incluyan un enfoque en los derechos humanos.
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