La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó hasta el 30 de julio 317 muertos, incluidos 23 menores y 21 policías, durante las protestas que sacuden a Nicaragua desde abril.
La CIDH reportó el jueves en un comunicado que al cumplir cinco semanas de trabajo en la nación centroamericana, su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha verificado la persecución y criminalización por parte del Estado de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta.
“La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes”, expresó la relatora de la CIDH para ese país, la comisionada chilena Antonia Urrejola. “El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”.
El MESENI dijo que tras el levantamiento de barricadas mediante el uso de la fuerza entre el 19 y 30 de julio, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias y violentas a manos de encapuchados armados.
Agregó que según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento del arresto ni de los cargos que se les imputan, no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados.
La Comisión emitió su pronunciamiento horas antes de que la Organización de los Estados Americanos celebre una sesión extraordinaria para evaluar la creación de una Comisión Especial para Nicaragua para propiciar el diálogo nacional.
La propuesta de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú busca integrar tal comisión antes del 10 de agosto por un representante de cada uno de los grupos regionales que operan en la OEA: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Caribeña (CARICOM, por sus siglas en inglés).
La presidenta temporal del Consejo Permanente, la costarricense Rita Hernández, anunció que había negociaciones en curso y por lo tanto aplazó cuatro horas el inicio de la sesión extraordinaria hasta las 1830 GMT.
El aplazamiento provocó una airada protesta del embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders, quien se puso de pie en el hemiciclo y le reclamó a Hernández que la decisión no respetaba a las delegaciones y que él tenía previsto viajar la tarde del jueves.
