La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Venezuela que investigue los sucesos ocurridos en la cárcel de La Planta, en el oeste de Caracas, y que a su juicio originaron una crisis de seguridad durante más de tres semanas en la capital venezolana.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó a las autoridades venezolanas a "investigar y sancionar a los responsables del ingreso de armas a ese centro penal, a informar acerca del traslado de internos a otros centros penales, y a adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de los reclusos trasladados".
De acuerdo con la comisión, al menos dos personas habrían muerto y siete resultaron heridas en varios intercambios de disparos entre reclusos y las autoridades, durante el tiempo que demoró el proceso de clausura del penal y el traslado de los presos hasta el pasado fin de semana.
Los reclusos se amotinaron el pasado 27 de abril tras negarse a ser trasladados de la prisión, que el gobierno había decidido cerrar, y luego de intensos tiroteos, las fuerzas militares lograron retomar el control del penal el 17 de mayo.
El organismo dijo estar particularmente alarmado por el hecho de que “la población reclusa de La Planta se encontrara armada” con municiones, y que dicho centro penal estuviera superpoblado.
También lamentó que las autoridades venezolanas hayan descalificado el trabajo de organizaciones como la CIDH que velan porque se respeten los derechos humanos, incluidos los de los presos.
Las autoridades venezolanas, que todavía no ha entregado una lista detallada de los presos ni han dicho adónde fueron trasladados, dijeron haber sofocado el motín después de que 1.683 reos aceptaron salir del recinto para ser llevados a otras prisiones.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó a las autoridades venezolanas a "investigar y sancionar a los responsables del ingreso de armas a ese centro penal, a informar acerca del traslado de internos a otros centros penales, y a adoptar las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad de los reclusos trasladados".
De acuerdo con la comisión, al menos dos personas habrían muerto y siete resultaron heridas en varios intercambios de disparos entre reclusos y las autoridades, durante el tiempo que demoró el proceso de clausura del penal y el traslado de los presos hasta el pasado fin de semana.
Los reclusos se amotinaron el pasado 27 de abril tras negarse a ser trasladados de la prisión, que el gobierno había decidido cerrar, y luego de intensos tiroteos, las fuerzas militares lograron retomar el control del penal el 17 de mayo.
El organismo dijo estar particularmente alarmado por el hecho de que “la población reclusa de La Planta se encontrara armada” con municiones, y que dicho centro penal estuviera superpoblado.
También lamentó que las autoridades venezolanas hayan descalificado el trabajo de organizaciones como la CIDH que velan porque se respeten los derechos humanos, incluidos los de los presos.
Las autoridades venezolanas, que todavía no ha entregado una lista detallada de los presos ni han dicho adónde fueron trasladados, dijeron haber sofocado el motín después de que 1.683 reos aceptaron salir del recinto para ser llevados a otras prisiones.
