El 29 de junio y luego de 13 años, el periódico Página Siete anunció el fin de sus ediciones impresa y digital. El matutino era considerado uno de los principales referentes del periodismo en Bolivia y también uno de los más criticados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este sorpresivo cierre también abrió una reflexión sobre la situación de otros medios y las consecuencias para la democracia en el país, según dijo a la Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.
“Nuestra preocupación por lo que nosotros hemos denominado una creciente precarización de las condiciones de trabajo en la actual coyuntura en nuestro país. Las redacciones de importantes medios de comunicación están siendo reducidas a la mínima expresión, los salarios están sufriendo recortes importantes y los contratos ya no están sujetos a la Ley General del Trabajo”.
La crisis económica, acoso judicial, bajas suscripciones digitales, son algunos de los argumentos señalados por el presidente del directorio, Raúl Garafulic, en una carta de despedida a los lectores.
Sin embargo, textualmente señaló que “el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página Siete”.
Unos 70 trabajadores se quedan sin su fuente de ingresos y esperan que la empresa pueda cumplir sus obligaciones labores, explicó a la VOA el periodista Marco Mejía.
“Nuestra situación es delicada y prácticamente estamos al aire porque el director Raúl Garafulic ha indicado que va a vender la marca Página Siete y una vez que se venda nosotros tendríamos con ese dinero acceso a cobrar los sueldos que se nos adeuda de este año y nuestros beneficios de ley”.
Pero también otros empleos indirectos como el de los “canillitas” o distribuidores del diario se vieron afectados.
“A toda las autoridades que nos ayuden para que nos puedan pagar también a nosotros (…) Nos deben de las suscripciones que hemos servido, nos deben de un año y seis meses”, expresó una vendedora de periódicos.
Human Rights Watch, a través de su director asociado para las Américas, César Muñoz, lamentó el cierre del matutino y aseguró que reduce la pluralidad en el debate público en Bolivia.
Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió en sus cuentas de redes sociales un mensaje para solidarizarse con los periodistas, ejecutivos y trabajadores de la empresa.
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