Una galería de imágenes en una oficina en San José, capital de Costa Rica, mantiene viva la memoria de un grupo de abogados nicaragüenses organizados para continuar defendiendo los derechos humanos tras partir al exilio.
Son fotografías de madres llorando por sus hijos muertos, de policías disparando, de estudiantes que participaron en manifestaciones. Todo evoca las protestas de 2018 en Managua contra el presidente Daniel Ortega, que generaron la peor crisis sociopolítica en los últimos 30 años en el país.
Activistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que el resultado de esto fue la muerte de casi 400 manifestantes, cientos de presos políticos y miles de exiliados.
Debajo de estas fotografías se observa una imagen de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el mártir de El Salvador asesinado durante una guerra civil en la década de 1980. Romero ocupa un lugar importante en la oficina porque la fecha de su asesinato un 24 de marzo coincide con la inauguración del colectivo hace tres años en Costa Rica.
“Los otros cuadros dolorosos son de la crisis que hemos vivido y documentado. De la matanza que se dio a los jóvenes, estudiantes”, dice a la Voz de América el abogado Gonzalo Carrión, uno de los fundadores y director del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
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El colectivo, que cumplirá tres años en marzo, surgió de forma espontánea al converger varios abogados que pertenecieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y que salieron del país por temor a ser encarcelados.
Carrión fue acusado por el gobierno de Ortega de supuestamente mentir y tergiversar declaraciones de familiares de los ciudadanos presuntamente asesinados en las protestas a manos de fuerzas policiales y grupos paramilitares. También el Cenidh fue objeto de ataques, entre ellos la cancelación de la personería jurídica y confiscación del edificio donde operaba.
“Eso provocó que varios de mis colegas salieran de Nicaragua y coincidimos en Costa Rica. En enero ya estábamos compartiendo, reflexionando, en medio del trauma y sentimientos encontrados, del dolor de estar fuera, sobre las posibilidades de seguir haciendo las cosas que hacíamos en Nicaragua, como era promover la vigencia de los derechos humanos”, cuenta Carrión.
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Recuerda que, acompañados por gente solidaria que los apoyó en circunstancias difíciles, discutían cómo seguir haciendo el trabajo al que se dedicaban en Nicaragua “y se produjo la idea de que siguiéramos documentando los testimonios del dolor que ha provocado el terrorismo de Estado impuesto por Ortega”.
“Gracias a esa química de que, aun cuando estábamos influenciados por el trauma, el dolor de estar fuera de la casa, supimos enfrentar este momento. Digamos que así fue la superación, si cabe decirlo, de nuestro duelo de exiliado porque eso nunca se termina de administrar adecuadamente”, agregó.
Wendy Flores es una de las abogadas que salió de Nicaragua tras la persecución del gobierno en contra del Cenidh. Dejó atrás 16 años de trabajo en la organización y partió rumbo a Costa Rica, donde coincidió con Carrión.
Flores menciona que las organizaciones en el exilio han tomado importancia en la medida en que se han cerrado los espacios en Nicaragua, donde contabiliza que hay aproximadamente 64 organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas entre abril de 2018 y el año pasado, cuando se celebraron las elecciones presidenciales en las que Ortega fue reelegido.
“La posibilidad de continuar ejerciendo los derechos, como la libertad de expresión, la libertad de organización, de asociación, el derecho a defender derechos, cualquier tipo de derechos que involucre las libertades individuales o colectivas realmente está amenazado, en riesgo incluso ya de hasta desaparecer en el interior del país”, dice Flores.
Señala que en Nicaragua, si se documenta alguna denuncia de abuso de poder, se sufre un alto riesgo. “Los abogados son víctimas de vigilancia, acoso, pintas (carteles) fuera de sus casas, amenazas en redes sociales o en sus equipos electrónicos de teléfonos. La represión no ha parado”.
La abogada pone como ejemplo la detención de María Oviedo, quien formaba parte de un equipo de defensores legales de los opositores en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CDPH) , en Managua y que hoy se encuentra en una celda de máxima seguridad.
Carrión, por su parte, comenta que las organizaciones de derechos humanos que quedan en pie en Nicaragua se encuentran “acorraladas” y bajo acoso sistemático.
“La CPDH, que es la última organización con personería jurídica, en la práctica la tienen también acorralada y no la dejan funcionar. El CENIDH, que fue cerrado en diciembre de 2018, vos podés ver la labor que ejerce el equipo de allá y la doctora Vilma Núñez, que no calla, pero en términos prácticos, si miran a un grupo de víctimas que se van a encontrar con defensores de derechos humanos en cualquier casa, en cualquier local, en algún hotel, no los dejan funcionar”.
Reconocidos y galardonados
En poco tiempo el colectivo ha recibido reconocimientos a nivel internacional por el papel que ejercen en Costa Rica, que resaltan el apoyo que brindan a los exiliados para recibir sus denuncias.
En 2021 el colectivo fue galardonado con el Premio a la Democracia por la Fundación Nacional para la Democracia (NED).
“Al recibir ese reconocimiento en Estados Unidos dijimos que recordábamos la razón de ser de nuestro trabajo; recordamos y se lo dedicamos a las víctimas, a la gente que resiste en Nicaragua y los nicaragüenses que están también fuera de Nicaragua”, comenta Carrión.
“Se lo dedicamos a ellos, a las víctimas, y dijimos que no olvidamos, incluso nosotros llamamos al colectivo Nicaragua Nunca Más, porque el sentido es ‘Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido’; se lo dedicamos a ellos, que es nuestra razón de ser. Ser un colectivo, una organización de derechos humanos, no tiene ningún sentido si no es porque trabaja por la gente”.
Braulio Abarca, uno de los abogados más jóvenes del colectivo y que también trabajó en el Cenidh, menciona que uno de los retos que tienen en su defensa de los derechos humanos en San José es conocer de primera mano lo que viven los exiliados y lamenta que en muchas ocasiones reciben denuncias de xenofobia, y expresiones de “odio en contra de la población nicaragüense”.
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Abarca dice que el papel de ellos es crucial en Costa Rica porque es ahí donde se encuentran más de 150.000 personas desplazadas forzosamente solicitando refugio, según los últimos de la Unidad de Refugio en enero de 2022.
“En primer lugar, nuestro principal enfoque es la documentación de casos para la memoria histórica de lo que sucede o de lo que sucedió en Nicaragua. No obstante, el tema también del acompañamiento jurídico-legal o la asesoría que se puede brindar a las personas nicaragüenses en temas de refugio, de tramitología o en temas de migración si es necesario”.
La efectividad del colectivo también se percibe en la beligerancia en instancias internacionales donde han manifestado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran varias personas en Nicaragua. En ese sentido, el colectivo ha tramitado un amplio grupo de medidas cautelares para personas en riesgo, de las cuales más del 50% han sido aprobadas.
“Nosotros hemos solicitado ante la CIDH medidas cautelares no sólo para los presos y presas políticas, también (lo) hemos hecho para personas que se encuentran bajo asedio permanente o amenazas y hemos llevado un poco más de treinta y ocho solicitudes de medidas cautelares y ya nos han otorgado, pues, más de 20”, resaltó Wendy Flores.
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