Las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador lanzaron el martes un sistema de alerta temprana binacional para prevenir y proteger de ataques y violaciones a los derechos humanos por parte de grupos armados ilegales a la comunidad indígena Awá que vive en la frontera entre los dos países.
El conflicto armado colombiano de casi seis décadas, que ha dejado al menos 450.000 muertos, desbordó las fronteras del país sudamericano.
El sistema de alerta busca informar a tiempo a las autoridades militares y a los gobiernos de los dos países para prevenir ataques y abusos a los derechos humanos de la comunidad indígena residente en la frontera binacional.
En la frontera de Colombia y Ecuador, de 586 kilómetros, tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que están fuera del acuerdo de paz de 2016, así como grupos criminales implicados en el narcotráfico y la minería ilegal, según fuentes de seguridad.
Unos 29.000 indígenas del pueblo Awá habitan la frontera binacional y sufren asesinatos, amenazas, desplazamiento, confinamiento, accidentes con minas antipersonales y reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, aseguró la Defensoría del Pueblo de Colombia.
"La posibilidad de llevar a cabo su accionar en una frontera porosa, con brechas de presencia estatal, favorece los intereses de los grupos ilegales para acceder a los circuitos de economía de la coca, minería ilegal, tala ilegal de bosques y otras economías ilícitas", dijo el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, en el lanzamiento del sistema de alerta.
El funcionario aseguró que la franja fronteriza ecuatoriana es utilizada por los grupos armados ilegales para el ocultamiento de combatientes y material de guerra.
Camargo denunció que mensualmente los grupos armados ilegales estarían reclutando entre 7 y 8 jóvenes del pueblo Awá, mientras que en el 2022 se recibió información de 14 asesinatos y el desplazamiento o confinamiento de 10.000 indígenas.
El defensor del pueblo colombiano pidió a los grupos armados ilegales suspender los ataques a la población indígena y acogerse a la política de paz que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de negociaciones con las guerrillas y el sometimiento a la justicia de bandas criminales.
"Lo que buscamos es prevenir al Estado colombiano, al Estado ecuatoriano sobre este conjunto de violaciones de carácter de derechos humanos", dijo por su parte del defensor del pueblo de Ecuador, César Córdova.
"Prevenir a fin de que se tomen las medidas necesarias urgentes para evitar que sigan las vulneraciones a los derechos humanos que hoy en día son trasversales", explicó.
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