Mucho de proceso y poco de paz.
En su tercer año, el proceso de paz se ha vuelto más complicado que la selección Colombia en eliminatorias.
La supuesta agenda de seis pautas, justicia transicional, participación política, erradicación del tráfico y cultivo de drogas ilícitas, el cese al fuego inefectivo; y la lista continúa.
Hoy en día, la promesa de paz y los más de 50 años de sufrimiento es lo que mantiene la conversación vigente entre los colombianos.
Pero las negociaciones han comprobado ser un despliegue burocrático que se ha reforzado con redundancia diplomática. Según expertos, parece haber una ignorancia casi deliberada del gobierno colombiano sobre la realidad del servicio público y el proceso judicial en Colombia.
En la nombrada Jurisdicción Especial de la Paz, se habla sobre un sistema de justicia ‘especial.’ Un sistema diseñado bajo la proposición de que con el solo hecho de asumir responsabilidad, el acusado puede ir de un máximo de 20 años de sanción, a ocho. Como si a un guerrillero le importara poco asumir responsabilidad con tal de ahorrarse 12 años.
“No es un tribunal para juzgar crímenes atroces, es una lavandería… Nos vendieron un engendro donde enterrarán las ansias de justicia y verdad de muchas víctimas de la guerrilla,” comenta Salud Hernández-Mora en su columna de opinión del diario El Tiempo.
Esto es apenas una preocupación inicial que ni siquiera comienza a tocar el tema sobre cómo se efectuarían estas tales sanciones. Juan Manuel Santos predica que las sanciones ocurrirían en un lugar preciso, controlado y vigilado por un organismo, que incluya servicio social, desminado y declaraciones públicas de responsabilidad.
Aunque claramente tiene que haber una mención sobre lo tortuosa que debió haber sido la labor diplomática frente alguien como alias ‘Timochenko,’ este tipo de resoluciones son anfitrionas a un virus de corrupción y desensamblaje judicial y administrativo que aunque triste, es la realidad colombiana.
La paz sin impunidad puede ser la frase célebre del gobierno, pero es obvio que si un integrante de una organización terrorista, directamente culpable por miles de muertes y desplazados solo puede sufrir un máximo de 20 años de sanciones, la verdad es lo contrario.
Las FARC asimismo parece esconderse detrás de un velo de reforma social y una visión política descontaminada, que de alguna manera los libra de culpa.
No actuar como una especie de partido político o entidad independiente a la par con el gobierno. Bajo esta plataforma de ultimátum, las negociones pudieron haber sido más simples, y las resoluciones no tuvieron que haber sido análogas para los dos frentes.
