Un tribunal de Colombia inhabilitó a un consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht para suscribir contratos con el Estado durante 10 años y lo multó con más de 250 millones de dólares por los actos de corrupción en que incurrió para ganar licitaciones de infraestructura.
La compañía brasileña ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una decena de países. En Colombia, la firma pagó unos 30 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de infraestructura, según investigaciones de la Fiscalía General.
Los participantes del Consorcio Ruta del Sol II que fueron multados son Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana y unidad del Grupo Aval) y la constructora Carlos Solarte.
También recibieron multas varias personas, entre quienes figuran exdirectivos de la constructora brasileña en Colombia. Alrededor de 14 individuos, entre exfuncionarios del Estado y políticos, están en cárceles colombianas como consecuencia del escándalo.
Odebrecht, en asociación con firmas locales, tenía a cargo la construcción de un tramo de 528 kilómetros de una carretera hacia la costa Caribe, un contrato de más de 1.000 millones de dólares que el tribunal suspendió.
La constructora manifestó su desacuerdo con el fallo y anunció que "va a apelar la decisión a instancias superiores de forma oportuna".
En tanto, Episol dijo que disiente de la decisión del Tribunal de Cundinamarca y que estudia los recursos legales a su disposición para presentarlos. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado ante una corte.
Colombia solicitó en noviembre a la entidad fiscalizadora de empresas privadas inhabilitar por 20 años a Odebrecht para suscribir contratos con el Estado.
El gobierno también se opuso a un acuerdo para archivar las investigaciones contra la firma, que ofreció una compensación de unos 33 millones de dólares por los perjuicios generados a cambio de que se retiren todos los procesos legales y administrativos en su contra y se le permita volver a firmar contratos.
Este jueves, la Corte Suprema designó un fiscal especial para llevar a cabo la investigación sobre la constructora.
