Colombia inició el domingo un cese al fuego bilateral con cinco de los principales grupos armados que operan en el país, el cual se extendería hasta el 30 de junio bajo la supervisión de las Naciones Unidas, la Iglesia católica, la OEA y la Defensoría del Pueblo.
“El cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas”, informó la Presidencia en un comunicado el sábado al filo de la medianoche.
La suspensión de las acciones ofensivas ampara al Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, con la que el gobierno reanudó una mesa de diálogo en noviembre. Es el primer cese al fuego bilateral logrado desde entonces y el resultado más notable de las negociaciones.
La declaración del cese al fuego bilateral incluye a la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, dos facciones de las disidencias de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que volvieron a las armas y no se acogieron al proceso de paz firmado en 2016 con el Estado.
Se unieron también las Autodefensas de la Sierra Nevada, herederas del paramilitarismo, y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (el mayor cártel de narcotráfico del país en los últimos años), que ha llegado a tener capacidad de traficar 20 toneladas mensuales de cocaína, especialmente hacia Estados Unidos y países europeos, según las autoridades colombianas.
El gobierno aclaró que por el momento no contempla más ceses al fuego con otros grupos armados, además de los cinco anunciados, y dijo que hará una “revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales, para tomar futuras decisiones”.
La medida forma parte de una estrategia llamada “paz total” con la que el presidente Gustavo Petro busca acercamientos con los grupos armados que deriven en diálogos de paz o sometimiento a la justicia, con el objetivo de aminorar el conflicto armado que persiste en el país, impulsado especialmente por lucrativos ingresos ilegales como las que deja el narcotráfico.
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