El gobierno colombiano informó este miércoles que se están haciendo todos los trámites necesarios para que un exguerrillero designado por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz sea extraditado desde Estados Unidos, en medio de cuestionamientos por la selección de excombatientes paramilitares para los diálogos de paz que impulsa el mandatario con los diferentes grupos.
La Oficina de Alto Comisionado para la Paz, encargada de manejar los temas de paz en el país, informó que la presencia del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso es “imprescindible” y anunció que hay otros excomandantes paramilitares que también están pidiendo ser “gestores de paz”.
Fue el presidente Petro quien designó el pasado fin de semana a Mancuso para esa figura que busca realizar un acompañamiento e impulso en negociaciones de paz en el país. El mandatario ha defendido como parte de su programa de gobierno la consecución de la “paz total”.
Entre las críticas recibidas a la selección de gestores de paz, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, quien estuvo secuestrada durante seis años y medio en 2002 por las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), rechazó que entre los elegidos esté uno de los disidentes de esa guerrilla que participó en su cautiverio, en referencia a Alexander Farfán, conocido con el alias de “Gafas”.
Farfán fue uno de los guerrilleros de las FARC que mantuvo en cautiverio a Betancourt y fue capturado por las autoridades en la Operación Jaque, la cual liberó a la excandidata y a 14 policías y militares en poder de la antigua insurgencia, en julio de 2008.
La víspera el gobierno del presidente Petro anunció que habilitó a ocho integrantes del principal grupo de las disidencias de las extintas FARC, comandado por Néstor Gregorio Vera —alias Iván Mordisco—, para los diálogos de paz, y entre ellos se incluyó Farfán.
En declaraciones a The Associated Press, Betancourt afirmó que esa designación causó “mucho repudio” entre los exsecuestrados que “sufrimos su crueldad”.
Betancourt, que volvió a la política colombiana con su partido Verde Oxígeno el año pasado y que terminó apoyando la candidatura presidencial Rodolfo Hernández, derrotada por Petro en un balotaje, aseguró que las negociaciones con las disidencias de las FARC están siendo impulsadas sin “delicadeza” y sin respeto por “los sentimientos” de las víctimas del conflicto armado colombiano.
Agregó que en el caso de “Gafas”, la situación “es más escabrosa”, ya que según ella se trata de un disidente que ya fue apresado y logró salir de la cárcel para volver a delinquir con el grupo de Mordisco.
Aparte de Farfán, la nominación de Mancuso como gestor de paz también resultó controvertida en el país andino, al tratarse de un excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar o contraguerrilla que operó en la década de 1990 y que es señalado de varias violaciones a los derechos humanos.
Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se realizó la desmovilización de la mayoría de los integrantes de las AUC y otras organizaciones contraguerrilla.
En medio de ese proceso, en mayo de 2008, Mancuso y otros 12 jefes de esas organizaciones fueron extraditados a Estados Unidos, donde este excomandante pagó una condena por narcotráfico.
Actualmente ese país está definiendo su situación jurídica, tomando en cuenta que ya hay una petición de Colombia para que sea extraditado al país, pero Mancuso ha pedido ser enviado a Italia, país en el que también tiene nacionalidad.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Paz, desde julio del año pasado el excomandante paramilitar expresó su convicción de contribuir a la política de paz del presidente Gustavo Petro y cumplir con las tareas de un “gestor de paz”.
En este sentido, la instancia de paz oficial aclaró que se respetarán todas las decisiones judiciales que estén alrededor de Mancuso, pero manifestó que su presencia en el país es “imprescindible”.
Sobre la figura de gestor de paz, la oficina advirtió que quienes hayan pertenecido a grupos paramilitares o contraguerrilla y sean designados para los diálogos deben reconocer sus responsabilidades en el conflicto ante sus víctimas y en acciones como el despojo de tierra o desapariciones forzadas.
La petición de Colombia para extraditar a Mancuso es de 2020, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable.
